La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, abogó hoy por, a pesar de la crisis económica, continuar haciendo "esfuerzos presupuestarios y fiscales" para hacer sostenible el modelo social europeo, que calificó de "gran fortaleza, lo que nos hace relevantes en el mundo y nos permite hacernos creíbles a los ciudadanos".

En la inauguración de la 'Conferencia sobre discapacidad y autonomía personal a través de la educación, accesibilidad universal y empleo', que se celebra desde ayer y hasta mañana, viernes 21 de mayo, en el Palacio de Congresos de la Expo, en Zaragoza, Jiménez destacó la importancia de "seguir avanzando" en la consecución de la plena igualdad de oportunidades en el nuevo ciclo político 2010-2010" que comienza "en un entorno de crisis económica internacional".

"Todos los gobiernos europeos estamos haciendo esfuerzos presupuestarios y fiscales para hacer sostenible a largo plazo el modelo social europeo, porque es nuestra gran fortaleza, lo que nos hace relevantes en el mundo y nos permite hacernos creíbles a los ciudadanos", sostuvo.

La ministra añadió que "aun en ese contexto de crisis económica siempre vamos a seguir manteniendo los derechos que con tanto esfuerzo hemos conseguido y tratado de defender" y puso como ejemplo la Ley de Dependencia española que "se va a seguir desarrollando, no se va a paralizar".

"Hemos tenido que hacer ajustes, pero las 560.000 personas que ya disfrutan de una prestación económica van a seguir teniéndola, porque es un derecho conquistado, las más de 230.000 personas que ya han sido valoradas en el grado uno para ser incorporadas a partir del 1 de enero de 2011 van a poder disfrutar de su derecho. Es una conquista social a la que no vamos a renunciar por muchos ajustes y cuentas que tengamos que hacer", afirmó.

Jiménez indicó que "avanzar en este ámbito es una tarea reconocida e impulsada ya por todos, debemos ser conscientes de que hay que sumar esfuerzos para que todos los ciudadanos sin excepción encuentren su lugar en la Europa 2020".

Por ello consideró que nos encontramos "en un momento especialmente oportuno", porque concluye la vigencia de la Estrategia sobre Discapacidad aprobada en 2003 y "porque es nuestra obligación avanzar en la protección de los derechos de los colectivos más vulnerables".PRIORIDAD

Un hecho que la Presidencia española de la UE se marcó como "prioridad" con el desarrollo de tres aspectos a nivel europeo: la resolución del Consejo Europeo en materia de Discapacidad que se prevé aprobar el 7 de junio; la celebración de una audiencia, a finales de junio, en el Parlamento europeo, en colaboración con el Intergrupo de Discapacidad; y la creación, junto a la Comisión Europea, de una mención a la ciudad más accesible. Unas iniciativas que, según lo acordado con Bélgica y Hungría como miembros del trío de Presidencia, "se van a seguir desarrollando en lo próximos meses".

Por último, Jiménez expuso que para adaptar la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad habrá que acometer algunas modificaciones, como aumentar la reserva de plazas de las ofertas públicas de empleo para personas con discapacidad hasta llegar al 7 por ciento, garantizar su participación en las mesas electorales y la obligación de redactar un informe de impacto de accesibilidad en todas las obras públicas.

"Este proceso de revisión del ordenamiento jurídico se ha visto reforzado con la puesta en marcha del Tercer Plan de Acción para la Discapacidad y el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que garantiza la atención básica a personas dependientes y con algún tipo de discapacidad, con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)", concluyó.COMPROMISO

El acto contó con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, que se refirió a los servicios sociales como "uno de los grandes logros del Estado de Bienestar" y apuntó que en España y en Aragón, el avance de las políticas sociales "no hubiera sido posible sin la decisión política de los gobiernos de progreso y sin la acción continuada y reivindicativa de la sociedad civil".

El presidente reiteró el compromiso de su Gobierno con todas las personas con discapacidad, porque "es trabajar por la dignidad y el respeto de los ciudadanos" y destacó la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa social que "cohesiona más la sociedad".

En este sentido, indicó que las entidades sociales son "parte sustancial del sistema de responsabilidad pública de prestaciones y servicios a las personas más vulnerables" e incidió en la necesidad de "escuchar las voces de las personas con discapacidad y de trabajar todos juntos para contribuir al desarrollo de sociedades verdaderamente inclusivas".

Clima de riesgo

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, señaló que "nuestra sensibilidad se centra en la crisis y en su impacto en las finanzas públicas de muchos países europeos", lo que "es una seria amenaza para las políticas sociales".

"En ese clima de riesgo es necesario recordar que Europa no se entiende si prescindimos de la cultura del Estado de Bienestar, todos somos conscientes de que son necesarias reformas y sacrificios, pero lo que da sentido a esos sacrificios no es cambiar de modelo, sino garantizar la viabilidad futura del Estado de Bienestar", reiteró.

Así añadió que "estamos obligados a que la crisis y sus consecuencias no decaigan sólo sobre los sectores más débiles, tenemos el deber de lograr algo tan sencillo de decir como difícil de hacer que es que paguen más los que más tienen, preservar las políticas de integración de las personas con discapacidad".

Belloch dijo que "Zaragoza tiene claro que la accesibilidad universal y el logro de la autonomía de las personas con discapacidad son las líneas maestras de cualquier política de integración, pasar de una cultura meramente asistencial a una política basada en el reconocimiento de derechos".

La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, sostuvo que la Carta de Derechos Fundamentales del nuevo Tratado de Lisboa "habla de la ciudadanía e igualdad de todos los ciudadanos de Europa, sean de la condición que sean" por lo que "no se debe contemplar la discapacidad sólo desde los servicios sociales, sino como cuestión de ley".

Además recordó que todos los estados miembros de la UE han suscrito la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad que supondrá que "en los próximos meses se desarrollará una estrategia de discapacidad" para toda la Unión. "Tenemos que hacer que la legislación tan poderosa se unifique en toda Europa para una aplicación transversal", concluyó.

El presidente del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo, Adam Kosa, pidió "la creación de un foro en el que puedan encontrarse todos los presidentes y comisionados para realizar un informe sobre los avances en discapacidad".

El presidente de CERMI, Luis Cayo, consideró que "Europa tiene contraída una deuda con las personas con discapacidad que ha comenzado a saldarse muy tarde". "En términos de derechos, de participación, de inclusión y de bienestar, las personas con discapacidad han adolecido de un déficit de ciudadanía, de ahí la necesidad de políticas vigorosas que desencadenen un cambio irreversible", aseveró.

El presidente del European Disability Forum (EDF), Yannis Vardakastanis, consideró necesario "un presupuesto social" en un momento en el que "los cimientos se han visto atacados y el Estado de Bienestar está sufriendo". "El mundo está cambiando y si la discapacidad no se implica vamos a crear más desigualdad y exclusión", apostilló.