"Exigimos que dé explicaciones a los toledanos, porque cuatro años después de estos hechos Vega Baja es un erial, que supone cada año un gran despilfarro de dinero público sin ningún beneficio para Toledo y los toledanos. Como ya hemos denunciado en muchas ocasiones, fue una decisión totalmente irresponsable, sin buscar el beneficio que pudiera tener para los toledanos, que sólo buscaba contentar a algunos amigos y tratar de conseguir unos cuantos votos", dijo en nota de prensa.

En este sentido, anunció que el Grupo Municipal Popular "solicitará la convocatoria del Consejo de Administración, que incluya en el orden del día la información relativa a la propuesta del consejero delegado y la presentación de una memoria descriptiva de las actuaciones realizadas por el consejero delegado y el gerente de la empresa durante su mandato, que detalle los costes materiales y humanos adscritos a la estructura de la empresa encargada de la gestión de la Vega Baja".

Señaló además que "el proyecto de desarrollo urbanístico de Vega Baja, presentado por el Partido Popular, fue aprobado por todas las administraciones, incluida la Consejería de Patrimonio del gobierno regional de Castilla-La Mancha, así como por el Grupo Municipal Socialista, entonces en la oposición".

La concejala del PP explicó que "el objetivo del desarrollo de Vega Baja, que se planteó en 1999, era conseguir una gestión pública de este espacio por parte de la corporación municipal, donde estuvieron de acuerdo todos los grupos políticos que la formaban. Aunque, posteriormente, se descolgó el concejal de IU, José Esteban Chozas, por la incorporación de otros sectores como socios públicos en el desarrollo, como al Obra Social de Caja Castilla-La Mancha o Iberdrola".

"Esta iniciativa buscaba dar solución a las dificultades de comunicación con los barrios situados en los alrededores de esta zona, creando grandes viales y rotondas para mejorar la movilidad. De la misma forma, se pretendía poner en el mercado viviendas públicas para facilitar el acceso a los ciudadanos, ya que todas la viviendas estarían dentro del decreto de clasificación de vivienda protegida aprobado por la Junta de Comunidades", señaló.

No obstante, apuntó que el presidente de la Junta "se dejó influir por las presiones de sectores relacionados con el patrimonio, para quienes esta actuación significaba una agresión a la posible existencia de restos arqueológicos, a pesar de que el presidente regional ya había aprobado la resolución de patrimonio que permitía el desarrollo de esos terrenos con el propio control arqueológico que exigía la ley".