Según aseveró, la finalidad de la ley es disponer de un instrumento normativo que garantice "la máxima transparencia, eficacia y economía" en el desarrollo de las tareas de los entes que integran el sector público de la Comunidad Autónoma.
En concreto, el proyecto de ley incluye la totalidad de las figuras jurídicas que conviven en el sector público instrumental de la Administración autonómica, es decir, los organismos públicos (organismos autónomos y entidades publicas empresariales), los organismos de naturaleza privada de titularidad pública (sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público) y los consorcios.
Además, la ley insiste especialmente en el régimen de control y tutela de todos estos entes con la pretensión esencial de conseguir una actuación "transparente" en la gestión de los intereses públicos "con criterios de buen gobierno, de profesionalidad y de integridad de los sectores públicos".
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