En concreto, según fuentes de la Delegación, destaca la política de suelo industrial llevada a cabo por Sepes, los acuerdos de Zurbano en materia empresarial, y los proyectos para favorecer la movilidad en los polígonos industriales.

Al respecto, González Tovar recordó "la importancia del papel jugado en la Región por Sepes, entidad dependiente del Ministerio de Vivienda, un organismo esencial en la oferta de suelo industrial en la Región, como queda demostrado en Murcia con el Polígono Industrial Oeste o en Cartagena con el polígono de Los Camachos".

Y es que, manifestó, "en los últimos años cualquier proyecto importante de suelo industrial en la Región está condicionado a la actuación de Sepes, ante la ausencia de una política de ordenación del territorio regional en esta materia".

En lo que se refiere a los accesos, recordó las obras en ejecución de la conexión Suroeste, que conectan directamente con el Polígono Industrial Oeste, en el que hay instaladas 1.000 empresas y trabajan unas 10.000 personas.

En concreto, esta obra tiene asignado un presupuesto de 42 millones de euros para una ejecución de 3,9 kilómetros, y la previsión de tráfico de unos 20.000vehículos/día. Dicha obra incluye un viaducto de 840 metros de longitud.

La morosidad de las empresas

En cuanto a las dificultades que algunas empresas atraviesan al ser víctimas de la morosidad, el delegado del Gobierno mostró el apoyo que supone a la liquidez de las mismas la medida adoptada por el Gobierno contra la crisis, y respaldada por unanimidad en el Parlamento por la que el ICO aporta avales a las deudas de los ayuntamientos con empresas y autónomos.

Otra medida adoptada en los Acuerdos de Zurbano dirigida a dar continuidad de la actividad de empresas en dificultades transitorias es aquella que "facilita a las empresas en procedimiento de concurso que puedan mantener sus contratos con la Administración, cuando no resulte lesionado el interés público".

Además, las pymes podrán recuperar el IVA entregado a Hacienda correspondiente a facturas impagadas cuando hayan transcurrido seis meses sin haber podido cobrarlas, lo que supone reducir a la mitad el plazo actual de un año.

También se prevé dar más protección a las empresas en sus operaciones en el exterior tanto de exportación como de inversión. Para ello, se incluirá la garantía dentro de la operativa del Cesce (Compañía Española del Seguro de Crédito a la Exportación).

En este sentido, González Tovar subrayó que "esto va a permitir competir en igualdad de condiciones con otras empresas de terceros países en licitaciones internacionales, y en la contratación de grandes proyectos".

Con el fin de aumentar el peso del sector industrial en el tejido económico del país, el delegado del Gobierno comentó que "está prevista en breve la creación de una Comisión Interministerial de Política Industrial que elaborará el Plan Integral de Política Industrial 2020".