De salir adelante, esta medida "afectará" a la calidad de vida de las casi 100.000 personas con diabetes que viven en la región, según indicó en nota de prensa FEDE, que añadió que la situación es "especialmente preocupante" debido a que la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Extremadura (Fadex) "ya denunció su total oposición a esta postura en abril de 2009, sin obtener respuesta alguna".

Esta decisión supondría situar a las personas con diabetes de Extremadura en condiciones de "inferioridad", en lo que se refiere a esta prestación sanitaria frente a las demás comunidades autónomas, "atentando contra el principio de equidad territorial".