El Ministerio Fiscal pide penas que suman 20 años de prisión, multas de 7.000 euros e indemnizaciones que superan los 600.000 euros por un presunto delito continuado de estafa y un delito societario para cinco directivos y empleados de la Aguator y de su subcontrata Tedesa, que pertenecía a FCC, propietario a su vez de Sogesur, el socio privado de Aguator, empresa mixta de aguas en la que participaba como socio público y minoritario el Ayuntamiento de Torrelavega.

El juicio comenzará el próximo lunes, 17 de mayo, y se extenderá hasta el 4 de junio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Se centrará en los problemas que surgieron con el socio privado por la presunta manipulación de contadores o la adjudicación de trabajos a una contrata de su mismo grupo y con la que poco después acabaría integrándose en FCC y en lo que hoy es Aqualia, también de FCC.

En concreto, el Ministerio Fiscal formula acusación contra A.A.I. (segundo gerente de la empresa), J.F.T. (director de la delegación Norte del Grupo), J.A.G (primer gerente), S.F.P (director de zona de FCC) y J.E.S. (jefe de gestión y empleado de Tedesa, empresa de FCC), de quienes considera que actuaron con intención de obtener un indebido beneficio económico, además de a las empresas Aqualia y Fomento de Construcciones y Contratas como responsables civiles.

Según recuerda la Fiscalía, en 1993 el Ayuntamiento de Torrelavega sacó a concurso público la gestión integral del agua con la elección de un socio privado mayoritario, que resultó ser Sogesur, con lo que, sumado a la parte pública, se constituyó la empresa mixta Aguas de Torrelavega o Aguator.

El Ministerio Fiscal incide en la "falta de autonomía" de Sogesur, el socio privado, respecto a la empresa en Madrid, que hoy se llama Aqualia.

Al primer gerente se le acusa de haber concedido sin concurso y fraccionados contratos a Tedesa, empresa del Grupo FCC en la que tenía "activa intervención" J.F.T., director de la Delegación Norte del grupo, en una práctica que continuaría después.

El Ayuntamiento mostró discrepancias con su socio privado por el pago del canon y aseguró haber detectado intentos de desviar beneficios hacia la empresa, que peritos judiciales han tasado en cantidades superiores a los 700.00 euros, por conceptos como facturaciones indebidas y cambios en los contadores, entre otras supuestas irregularidades que implicaban a la empresa que era propiedad de FCC, Tedesa, y que se prolongaron hasta el año 2002.IRREGULARIDADES

El Ayuntamiento de Torrelavega ejerce la acusación particular contra los mismos acusados, para quienes pide penas que eleva hasta los 36 años de prisión, multas por valor superior a 60.000 euros e indemnizaciones que ascienden a 772.287 euros, pidiendo que se declare la responsabilidad directa y solidaria de Aqualia.

El Consistorio les acusa de falsificar partes de trabajo con sobrecostes, o análisis de aguas para explotaciones en otros municipios que eran de la empresa Sogesur, pero que se facturaron a Aguator, la empresa mixta privada y municipal.

Y enumera distintas irregularidades presuntamente cometidas por el socio privado, como la manipulación de los medidores de caudales o los "simulacros" de expedientes para contratar a Tedesa, que facturaba 300.000 euros al año por distintas funciones a Aguator pese a que en sucesivos concursos había ofertas más económicas, junto a la ocultación de documentos.

Sogesur y Tedesa, subcontratista de la empresa mixta Aguator, pertenecían al Grupo General de Aguas, y luego pasaron a pertenecer a Fomento de Construcciones y Contratas, para después ser absorbidas por Aqualia, empresa creada dentro del grupo FCC para la gestión del agua.

Entre los testigos citados para declarar se encuentran, además de empleados y directivos de las empresas, el 'popular' Luis Carlos Albalá, que entonces era concejal de Hacienda en Torrelavega y consejero de la empresa, así como quien fuera alcalde en esas fechas, el regionalista Francisco Javier López Marcano, hoy consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria.