Aunque en un primer momento UPN se mostró a favor de la proposición de ley de los socialistas, tras la intervención del portavoz de CDN, José Andrés Burguete, en contra de la toma de consideración de la iniciativa, la consejera de Salud, María Kutz, pidió la palabra para anunciar que UPN se abstendría de la toma en consideración y que en caso de que no se elimine del texto un artículo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, votará en contra de la aprobación del dictamen.

El texto incluye ocho capítulos y 80 artículos sobre derechos relacionados con los servicios asistenciales, la intimidad y la confidencialidad, la información sobre los servicios de salud y la participación de los usuarios, la autonomía del paciente, la información asistencial y el acceso de la documentación clínica, así como deberes de los ciudadanos en relación con los servicios sociales.

Entre los derechos ciudadanos que recoge se encuentran el derecho a la libre elección de profesional sanitario, la segunda opinión médica, el derecho de atención sanitaria en tiempos máximos de espera o el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. A su vez, se contempla el derecho a que se respete la confidencialidad de los datos sobre la salud.

También se incluyen el derecho a la información general sobre los servicios de salud, el derecho a presentar reclamaciones y sugerencias y a conocer toda la información obtenida con respeto a la salud personal.

Asimismo, en lo concerniente a los profesionales, se protegen derechos como el respeto a su honor y prestigio profesional en el desempeño de sus funciones, a su seguridad e integridad física y moral. En el capítulo de deberes, se les exige prestar una adecuada atención sanitaria o respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por los pacientes.

En defensa de la proposición de ley, la socialista María Chivite manifestó que se trata de la proposición "más completa y avanzada" de España, que "unifica" legislación anterior. Según expuso, "regula los derechos de las personas en materia de salud y también los deberes sobre una utilización adecuada de los servicios sanitarios". También regula los derechos y deberes de los profesionales de salud.

Respecto a la abstención de UPN, que en un primer momento se mostró a favor, Chivite criticó que el grupo regionalista "tiene obsesión con el aborto" y señaló que "sólo un artículo" de la proposición de ley, que "se mejorará en comisión", se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo.

Por UPN, Javier Marcotegui señaló que esta proposición trata de derogar tres leyes forales que obtuvieron alto grado de consenso, por lo que censuró que "rompe" consensos. A su juicio, este texto, "cocinado en el laboratorio del PSN", hace "una fusión de retales, fragmenta leyes para luego tratar de recomponer el puzzle".

Según indicó, la proposición "no aporta novedades, introduce confusión, provoca inseguridades jurídicas y no regula, aunque lo intenta, la objeción de conciencia", criticó, para añadir que apoyaban su toma en consideración a la espera de que se mejorase en el trabajo en comisión.

La parlamentaria de Nafarroa Bai Asun Fernández de Garaialde consideró que se hace una regulación "farragosa" y catalogó la ley como "totum revolutum", mientras que la parlamentaria de IUN, Ana Figueras, se mostró a favor de la toma de consideración de la proposición de ley al considerar que es "importante" tener garantizadas las condiciones sanitarias. "Es oportuno establecer un debate en la Comunidad para clarificar la objeción de conciencia en relación con el aborto".

Por su parte, José Andrés Burguete, de CDN, que se mostró en contra de la toma de consideración de la proposición de ley, afirmó que la iniciativa "deroga otras leyes forales" y aseguró que es "una copia de la cartera de prestaciones del año 2006". Según Burguete, la ley aporta "pocas novedades" y destacó el "cambio de opinión" de UPN respecto a esta cuestión. "Hace 48 horas oíamos cómo Sanz señalaba que el Gobierno tenía previsto recurrir la proposición de ley del PSN, y en esta proposición, el artículo 75, es idéntico en lo que afecta al aborto", defendió.