El presidente del sindicato CSIF en Baleares, Andrés Bou, consideró "nefasta, malísima y ridícula" la medida anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media en 2010, y advirtió que "esto no quedará así", al tiempo que criticó al Gobierno por "anunciar medidas improvisadas fruto de una política populista".

En declaraciones a Europa Press, Bou recordó que los funcionarios llegaron en 2009 a un acuerdo con el Gobierno para que este año los salarios sólo se vieran incrementados en un 0,3 por ciento, una subida "mínima" que "prácticamente congeló" los sueldos, en aras a "contribuir con las medidas de austeridad" aplicadas por el Gobierno en distintos sectores. Por ello, prosiguió, es "inaceptable" que de forma "unilateral" el Ejecutivo pretenda reducir los salarios del sector público.

Bou arremetió duramente contra el presidente Zapatero, al que recriminó no tener "ninguna política económica" y responsabilizó de la actual situación económica, fruto de una "reacción tardía" y de la "incapacidad" del Ejecutivo de hacer frente la crisis con medidas efectivas.

Acusó a Zapatero de gobernar "pensando en su ego", de "no escuchar ni tan sólo a los suyos" y por ello, se mostró "en desacuerdo" con tener que hacer "sacrificios" para un "Ejecutivo irresponsable", que ha "dilapidado el superávit conseguido en los últimos años y que había situado a la economía española entre las diez primeras".

Bou insistió en que los salarios de los funcionarios ya quedaron "prácticamente congelados" con el acuerdo alcanzado en 2009, según el cual en 2012, cuando la economía previsiblemente se habrá recuperado, los funcionarios serían recompensados por la "pérdida de poder adquisitivo de los últimos años (2010-2012)".

"No podemos permitir que el Gobierno lleve al país a la ruina", manifestó Bou, quien criticó asimismo el resto de recortes de carácter social anunciados por el Gobierno, y que supondrán la desaparición del 'cheque bebé', la congelación de las pensiones o la eliminación de la retroactividad en la aplicación de la ley de dependencia, entre otras medidas.