La Generalitat valenciana calificó hoy "desleal, injusto, poco realista y realizado a destiempo" el recorte adicional del déficit de 15.000 millones de euros tal y como lo ha planteado el Gobierno central porque tendrá "tres víctimas: los parados, los contribuyentes y las comunidades autónomas". En este sentido, el Consell señaló que su margen de maniobra para reducir el gasto a mediados de año es "muy reducido", al tiempo que garantizó que éste "no afectará" al 80% del Presupuesto autonómico que está destinado a políticas sociales.

El conseller de Industria y vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, declaró hoy a los medios —tras presentar el anteproyecto de la Ley de Comercio de la Comunitat a las asociaciones de comerciantes— que "ninguna actuación que quiera reducir el déficit va a pasar por la contención en el apoyo (del Consell) a las políticas sociales, que es la garantía de nuestra sociedad".

Rambla —que calificó de "paradoja" que el Gobierno "sea el que exija el esfuerzo a los que ya están conteniendo sus déficits"— consideró que es el Ejecutivo central quien debe "dar ejemplo". "Es necesario que se incentive nuestra economía para que suban los ingresos y eso, acompañado de las adecuadas políticas de contención, permitirá la reducción del déficit", argumentó el vicepresidente, que abogó por "exigir más responsabilidad al Gobierno español".

Por su parte, el secretario autonómico de Economía y Presupuestos, José Manuel Vela, quien compareció en rueda de prensa para valorar la propuesta, lamentó que el Gobierno "pretenda involucrar de nuevo a las comunidades para paliar el fracaso de la política presupuestaria nacional" y defendió que el Consell está dispuesto a "arrimar el hombro" pero, "ahora bien, si todos lo hacen por igual". "Y en ningún caso se puede exigir a todos los mismo cuando la financiación per cápita no es la misma para todas las autonomías, y la Comunitat Valenciana está a la cola", recordó.

Preguntado por cuáles son los capítulos en los que la Generalitat podría aplicar el recorte, el secretario autonómico insistió en que se hará en los que no se refieran a educación, sanidad, bienestar social y justicia. Interrogado por la posibilidad de llevarlo a cabo mediante la reducción de altos cargos, Vela resaltó que esa decisión no le corresponde a él pero apostilló que "cualquier medida en estos momentos está abierta".

Igualmente, sobre un hipotético ahorro en el capítulo de personal, subrayó que si el acuerdo se hubiera adoptado en enero "cualquier cosa" se podría haber estudiado pero ahora es "altamente improbable". Además, observó que, de tomarse medidas en esa dirección, habría que esperar primero a las peticiones que va a hacer a las comunidades autónomas el Gobierno. "Otra cosa —prosiguió— es que, como ya han hecho otras autonomías, para un futuro planteemos una congelación o dejar en 'stand by' en mejoras retributivas, algo que no se ha hecho en la Comunitat, donde se han cumplido todos los acuerdos firmados con los agentes sociales", dijo.

Asimismo, aludió a las medidas de contención adoptadas por la Generalitat, como el acuerdo de limitación de gasto que supone un ahorro en este ejercicio de 500 millones. "Si esto se extrapolara teniendo en cuenta los niveles actuales de déficit de la Administración del Estado y del conjunto de las comunidades autónomas, el Estado debería recortar en torno a 45.000 millones, una cifra que está muy lejos de abordar", estimó.

Sector público

También se refirió Vela al Plan de Austeridad —que significa un ahorro de 308 millones— y que contempla, entre otras cuestiones, la disminución de entidades del sector público, un punto que "antes de dos meses estará perfectamente claro y anunciado", avanzó.

Vela aceptó que el recorte adicional es "absolutamente necesario" pero aseveró que "no se ha adoptado de una forma oportuna". "Si una medida de este calado se hubiera tomado con mucha anterioridad, los problemas de la hacienda pública no serían lo que son hoy", sentenció el secretario autonómico, que añadió que "la brusca" reacción de los mercados demuestra que España, "en contra de las tesis" del Gobierno, "había abandonado la Champions League y está en segunda división B".

El representante del Consell alertó además de que este reajuste puede ser "ineficaz", puesto que puede implicar la modificación de normas básicas, por lo que sus efectos "se podrían demorar meses".