En un comunicado de prensa, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, tras detectar el estado de "preocupación" que se ha podido generar en la ciudadanía, y "el daño" que se pudo producir al trascender distintas informaciones, quiso "negar rotundamente que se esté llevando a cabo una investigación sobre tráfico de menores". "No existe ninguna 'Operación Bebé'", agregó.

"No hay indicios en causa alguna que permitan hablar de tráfico de menores a través de la Xunta y sus departamentos. No puede, por lo tanto, criminalizarse así la actividad diaria de funcionarios y personal a su servicio", expuso el juzgado en el mismo comunicado de prensa.

Asimismo, recordó la disposición legal que determina que todas las actuaciones sumariales "son siempre secretas para terceros", con independencia o no de que haya decretado el secreto de sumario. Así, fuera de los interesados, a cualquier tercero "le está vedado el conocimiento de lo que se está llevando a cabo en un procedimiento judicial".

A mayores, la sala judicial hizo hincapié en que "al tratarse de una información que afecta a mayores, existe un límite infranqueable" a la hora de abordar las informaciones al respecto, de manera que debe respetarse la protección a los menores de edad. Así, apeló a la "responsabilidad de todos en el tratamiento de estos asuntos, ya que los daños que pueden producirse con informaciones erróneas pueden ser irreversibles".

Recogida de información

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha recabado documentación en el departamento de adopciones de las oficinas que la Consellería de Traballo tienen en esa ciudad, según confirmaron fuentes consultadas.

Por su parte, la Xunta, que se limitó a reconocer que la magistrada entró en las oficinas de la Xunta en Lugo el pasado sábado, a primera hora, para recabar documentación, ha expresado su voluntad de colaborar con la justicia y ha expresado su "máximo respeto" por la acción judicial.