La coalición extremeña indica que esta intervención tendría el objetivo de asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo y conciliar la actividad empresarial de este grupo con la consecución del interés general de la región.

"El volumen de ayudas públicas percibido por el conjunto de empresas de las que es propietario el señor Gallardo y su relevancia dentro de la economía regional hace necesario que se garanticen la conciliación entre la actividad económica que genera y la persecución del interés de todos los extremeños, lo que a la vista de los acontecimientos sólo puede garantizarse a través de la intervención pública de las empresas del grupo", indicó IU Extremadura en nota de prensa.

Al respecto, la formación política recordó que dicha propuesta encuentra su justificación jurídica en el artículo 128.2 de la Constitución Española que "reconoce expresamente la potestad de las administraciones públicas para acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".

A juicio de la coalición extremeña , la realización de expedientes de regulación de empleo por parte de empresas que pertenecen a grupos "beneficiados por ayudas públicas" supone una "apropiación particular de fondos públicos que tan sólo beneficia a los empresarios y que, por tanto, no obtiene su traducción en la mejora de las condiciones económicas generales de la región, ni de los extremeños".

"En nuestra opinión, la presentación del señor Gallardo como referente empresarial de nuestra región no se corresponde con un comportamiento responsable por parte del grupo empresarial que preside, buena prueba de ello lo constituye las múltiples irregularidades en materia fiscal y laboral que han protagonizado algunas de las empresas que se encuentran incluidas en este grupo", aseguró.

Así IU Extremadura consideró necesario "modificar" la legislación vigente para que se "prohíba" la realización de expedientes de regulación de empleo en las empresas que obtengan beneficios, así como la "supeditación para la concesión de ayudas públicas a empresas privadas al cumplimiento del requisito de mantenimiento de su plantilla".