La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha desestimado el recurso de apelación que presentó el letrado Gregorio San José en el marco del caso Palma Arena, contra el auto del juez José Castro que determinaba la presunta relación existente entre el supuesto desvío de fondos durante la construcción del velódromo palmesano y el incremento patrimonial presuntamente ilícito del ex presidente del Govern, Jaume Matas, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

El tribunal de esta sección se pronunció así en contra de la petición del abogado, que durante una vista celebrada el pasado 14 de abril solicitó la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo dentro de este procedimiento sobre los bienes de Matas, al cuestionar en su recurso la competencia de Castro para investigar el patrimonio del también ex ministro y preconizar la falta de indicios de que parte del sobrecoste en la ejecución del Palma Arena (2003-2007) acabase engrosando el patrimonio de Matas.

En su recurso, al que tuvo acceso Europa Press, San José defendía la "ausencia absoluta de indicios suficientes de criminalidad" para vincular ambas diligencias, por lo que pedía la revocación del auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que ya desetimaba la petición de nulidad de las actuaciones en relación al tren de vida llevado por Matas la pasada legislatura, dentro del caso Palma Arena.

A juicio del abogado, la resolución combatida "adolece de una serie de incorrecciones", al considerar que es "genérica, ambigua e incorrecta", y se halla además "ayuna de la más mínima motivación".

"No se explica ni motiva la exigible relación de conexidad que debiera existir entre ambas investigaciones", aseveraba el defensor de Josefa Lorca, una de las comerciantes que proveyó de televisores de lujo la vivienda que Matas posee en el casco antiguo de Palma, conocida como palacete. De hecho, afirmaba no encontrar "ni un sólo argumento" que justifique el llamamiento de su patrocinada como imputada dentro del caso Palma Arena cuando en éste "se investigan supuestos delitos cometidos durante la construcción del velódromo".

Además, amparaba su petición en el hecho de que cuando las diligencias informativas llevadas a cabo por la Fiscalía sobre los bienes de Matas -conocidas como Operación Buckingham- se incorporaron al caso Palma Arena, aquéllas "se hallaban paralizadas" al no haberse "confirmado ni tan siquiera a nivel indiciario las imputaciones vertidas en las denuncias anónimas" presentadas por el enriquecimiento supuestamente irregular del ex presidente.

De forma paralela, San José aducía que las personas investigadas en uno y otro caso son diferentes así como los delitos analizados, y asevera que el objeto de cada caso -la creación de un consorcio para la construcción del velódromo y las obras y reformas llevadas a cabo en el palacete- "no guardad conexión temporal ni cronológica".

Es por todo ello que el asistente legal de Lorca solicitaba la exclusión de las investigaciones sobre Matas del procedimiento sobre la construcción del velódromo, a través de la nulidad de tres providencias que fueron dictadas los días 9, 11 y 21 de septiembre por Castro y relativas a la incorporación de las diligencias informativas realizadas durante seis meses por la Fiscalía al caso Palma Arena.

La Fiscalía, por su parte, defendía, al igual que la acusación particular en nombre del Govern, la conexión de ambas investigaciones, mientras que Rafael Perera, letrado de Matas, se opuso a estas manifestaciones preconizando la falta de indicios de que parte del sobrecoste en la ejecución del Palma Arena acabase engrosando el patrimonio de Matas, y mantuvo la inexistencia de una "relación directa" entre las dos investigaciones, que "no ha quedado acreditada".

El patrimonio de matas,

"destino" de los fondos desviados

Cabe recordar que el auto de Castro consideraba "obligada" la continuidad de las investigaciones del patrimonio de Matas por ser "uno de los principales destinos" de los más de 40 millones de euros desviados en la construcción del velódromo -cuyo coste se disparó de los 48 millones inicialmente presupuestados a unos 110- y "en razón de un origen indiciariamente delictivo del mismo".

Unas sospechas que, según la resolución, "ganan terreno" debido a que las decisiones que generaron el sobrecoste fueron tomadas "unipersonalmente, despreciando los procedimientos administrativos legalmente establecidos para controlar el gasto público y la pureza de las adjudicaciones".