Este artículo, referido a la contratación administrativa, forma parte de las medidas de reactivación e impulso de la actividad económica, informó el Ejecutivo regional.
En concreto, el citado artículo declara que, por razones de interés público, se aplicará la tramitación urgente a los expedientes relativos a contratos de redacción de proyectos de obras, contratos de obras, concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado y los contratos de servicios en materia de telecomunicaciones, informática y servicios conexos.
Además de los referidos a servicios de investigación y desarrollo y servicios de arquitectura que se tramiten por la Administración de la CAC, organismos autónomos y entidades dependientes.
La administración recuerda que todos estos contratos están exentos de constituir garantía provisional, lo que supone un alivio económico al sector empresarial, que no tendrá que recurrir a avales o desembolsos en efectivo para licitar.
Por otro lado, hay que señalar que, de todas las contrataciones tramitadas desde la entrada en vigor del mencionado Decreto, el 13 de mayo de 2009, 245 se realizaron de forma ordinaria y 92 de forma urgente, por lo que ésta última modalidad ha supuesto el 37,55% del total de las contrataciones efectuadas por la Administración durante el año anterior.
Las medidas incorporadas a este Decreto, aprobado el pasado año e impulsado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, fueron aportadas por el conjunto de las Consejerías autonómicas y cuentan con el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales, que también realizaron aportaciones.
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