Así lo avanzó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien destacó que con esta decisión los ayuntamientos y diputaciones podrán continuar con las inversiones y realizar contrataciones con los fondos aún disponibles, ya que, en principio, se había previsto el 15 de mayo como fecha tope para presentar las iniciativas.

También se ampliará el plazo para justificar dichas actuaciones se extiende hasta el 15 de septiembre.

En concreto, hasta el momento la Junta ha repartido 61,6 millones de euros para la creación de empleo, lo que ha posibilitado la contratación del 6.035 trabajadores, y 34 millones de euros para realizar inversiones en municipios con 1.055 contratos.

La ampliación del plazos responde, como explicó el consejero, a una demanda realizada especialmente por municipios pequeños cuya estructura administrativa no tiene capacidad para gestionar recursos.

Plan de empleo

Según el reparto inicial de esos fondos, 112,5 millones se repartirían entre los 2.233 municipios de la Comunidad con una población inferior a los 20.000 habitantes, según su población de derecho ponderada por el nivel de desempleo, de forma que cada habitante cuenta uno y cada parado cinco, a partir de los datos del padrón del 1 de enero de 2008 y del paro registrado en el mes de abril del año pasado. Los 12,5 millones restantes se destinaban a las diputaciones para proyectos que impliquen a varios municipios.

En concreto, el Plan incluye tres líneas de actuación: la primera, dirigida exclusivamente a los ayuntamientos, está permitiendo que hagan frente al pago de facturas pendientes en operaciones correspondientes a inversiones. Los beneficiarios sólo pueden disponer, en su caso, de un máximo de 5.000 euros o el 10 por ciento de la cantidad concedida.

La segunda finalidad, a la que se reservó la mayor dotación, tiene como objetivo la contratación, por un período no inferior a seis meses, de personas desempleadas que estén empadronadas en Castilla y León al menos desde hace dos años y que, preferentemente, no cobren ningún tipo de subsidio ni prestación. A esta línea, las entidades deben destinar, como mínimo, un 60 por ciento de las ayudas.

Finalmente, la tercera línea de acción permitirá financiar equipamientos, proyectos y obras.