La Sociedad General de Autores (SGAE) ya no podrá tener su nueva y faraónica sede en Boadilla del Monte. El Ayuntamiento de esta localidad (PP) ha decidido rescindir el contrato de cesión gratuita para que la SGAE convirtiera el Palacio del Infante Don Luis en sus nuevas oficinas. Y ha tomado esta decisión porque el Tribunal Superior de Madrid va a declarar ilegales en próximas fechas las obras que tenía previsto realizar la SGAE en este palacio.

El contrato de cesión fue firmado por el ex alcalde, Arturo González Panero (imputado en el caso Gürtel), y el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, en 2006. La cesión era durante 75 años y a cambio la SGAE invertiría 30 millones de euros en reformar el palacio. Este proyecto de rehabilitación no convenció ni a los vecinos ni a la oposición (Alternativa por Boadilla) ni a la Comunidad.

El 'no' de la Comunidad

En diciembre de 2009, el Gobierno regional emitió un informe en contra de las obras propuestas por la SGAE. El plan de restauración de Bautista preveía construir 3.500 m2 más de edificio sobre unos restos arqueológicos; y construir salas de conferencias, un auditorio y una biblioteca debajo de los jardines históricos. Además, peligraban varios elementos del antiguo Palacio de las Torres, sobre el que se hizo el del Infante Don Luis. La Comunidad no permitió las obras, ya que el palacio es Bien de Interés Cultural.

"El PP trata ahora de apartarse de la SGAE por oportunismo, no por legalidad. Hace tres años, el proyecto era igual de ilegal y entonces el actual alcalde, que participó en la concesión, se hacía fotos con Bautista. Ahora, como saben que ya no es viable, se desmarcan", señala Ángel Galindo, portavoz de Alternativa.

Primeras denuncias en 2003

Las obras previstas por la SGAE incumplen la Ley de Patrimonio Histórico, la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla, denuncia la oposición. Ya en 2003, los vecinos de este municipio consiguieron paralizar un proyecto similar cuando el Tribunal Superior de Madrid protegió el palacio tras un proceso judicial contra el Ministerio de Defensa, que quería instalar allí la Escuela Militar Ecuestre, proyecto que también fue declarado ilegal.