El secretario general de Federación de Industrias y Afines (FIA) de UGT Córdoba, Pedro Téllez, informó a Europa Press de que el encierro se ha decidido por la negativa de la dirección de Laboratorios Pérez Giménez a responder sobre este asunto, así como para explicar la aparición de posibles inversores como solución futura para la viabilidad y mantenimiento de los 215 puestos de trabajo. Además, a los empleados ya se les debe las nóminas de abril.

El comité ha anunciado que mantendrá el encierro hasta que tenga lugar el contacto con la dirección de la empresa y, de no producirse, darán paso a otras actuaciones. Además, UGT estudia llevar al Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) a Laboratorios Pérez Giménez con el objetivo de que la dirección explique la situación económica y financiera que atraviesa y afronte el pago de las nóminas de abril.

Al mismo tiempo, solicitará a la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) que medie entre la empresa y los posibles inversores. El sindicalista señaló que "desde hace algún tiempo, Laboratorios Pérez Giménez ha cometido errores graves en la gestión económica, que culminó en el cese del anterior director general y el nombramiento de Francisco José Pérez Pérez-Giménez como nuevo presidente del consejo de administración".

Esta situación se ha agravado aún más cuando el comité de empresa tuvo conocimiento de que un auto judicial bloquea las cuentas de la empresa, de manera que ésta se encuentra imposibilitada para realizar ningún movimiento bancario de entrada ni de salida. Según Téllez, dicho embargo viene originado por "la deuda de aproximadamente un millón de euros a proveedores, quienes ya han presentado denuncia por el impago".

Por su parte, la empresa trasladó al comité su intención de auditar las cuentas y dar a conocer su estado financiero, al tiempo que le presentó a un posible inversor con el que tiene un contrato de opción de compra.

Por último, el responsable sindical informó de que, además de estas acciones, va a solicitar la colaboración de IDEA al entender que la inversión que proporcionó a la empresa (de unos 13 millones de euros) "le obliga a interesarse y participar en la búsqueda de una resolución favorable de esta situación sin que perjudique a los trabajadores".