ELA exigió hoy el cumplimiento integro del acuerdo de la Mesa General de la Administración Pública Vasca alcanzado a finales del pasado año y advirtió de que, en caso contrario, responderá "contundentemente". En un comunicado muy crítico, denunció el "intento de boicot" del pacto por parte de "varios Departamentos" y aseguró que no se fía del Ejecutivo autónomo.

En un comunicado, ELA aclara que su relación con el Gobierno es "de absoluta desconfianza" porque, cinco meses después de firmar "un importante acuerdo en Mesa General", ha habido "varios intentos de boicot por parte de distintos departamentos del gobierno". Entre ellos, incluyó el "intento de rebajar la valoración del euskera en Osakidetza o la concesión de los seis días en la Ertzaintza".

La central nacionalista criticó al consejero de Economía, Carlos Aguirre, quien, a su juicio, es "uno de los máximos responsables de dar el visto bueno a los acuerdos en el ámbito de la administración, ya que todo acuerdo necesita aval económico" y ha formado "un día sí y otro también que hay que recortar plantilla y salarios".

El "último episodio" sería, según su relato, el "despropósito de la Justicia", ámbito en el que el 28 de abril estaba prevista la firma del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para el personal de Justicia. "Para nuestra sorpresa, la víspera nos comunican que se tiene que aplazar la firma y que va a ser la propia consejera, Idoia Mendia, la que va a explicar las razones del retraso", explicó.

Según ELA, Media señaló, en un posterior encuentro, que tanto ella como el lehendakari están comprometidos con la firma del acuerdo, "pero que en el Gobierno hay una 'situación de guirigay y descoordinación' que impiden que la firma se dé en ese momento". Siempre según la versión de la central, el viceconsejero amenazó, en ese mismo encuentro, con dimitir de su cargo "si el acuerdo no se firma en la primera quincena de mayo". "Ante el desconcierto general, se comprometen a firmar el 13 de mayo", agregó.

ELA se preguntó "quién manda en el Gobierno" y por qué "un acuerdo que cuenta con el visto bueno del consejero de Economía, y el compromiso personal de Patxi López es vetado en el Consejo de Gobierno".

Aludió a la actitud "contradictoria" de Aguirre que plantea "en base a los acuerdos a los que han llegado en Madrid con la ministra Salgado" la puesta en marcha de un Plan de Estabilidad presupuestaria que pretende recortar la plantilla dependiente de Gobierno Vasco, con medidas como la eliminación de vacantes de larga duración o el establecimiento de una tasa de reposición por jubilaciones, que contradicen lo acordado en la Mesa General.

También censuró que el consejero se manifestara "favorable a la congelación salarial para el 2011" cuando ha firmado acuerdo con incrementos para ese ejercicio. "¿Qué concepto de respeto a lo pactado tiene el señor Agirre?. ¿Es posible acordar algo hace 6 meses y no sentirse comprometido? El Gobierno no es consciente de la falta de credibilidad y de desconfianza que genera esta situación, y si lo es, es un auténtico desastre", advirtió.

Muy de derechas

Para ELA, los recortes anunciados "son fruto de una opción política muy de derechas" y alertó que "de producirse, afectarán al empleo público y a la calidad de los servicios". Además, aseguró que "todo esto va exactamente en la dirección contraria de lo pactado en mesa general" en noviembre del pasado año.

En el mismo se comprometieron la creación de 13.000 plazas "para estabilizar y crear empleo", el control "exhaustivo" de la subcontratación y subrogación y el impulso a la euskaldunización. "Con este acuerdo -señaló- se posibilita darle la vuelta a esta situación".

Para la central que dirige Adolfo Muñoz, las declaraciones de miembros del Gobierno autónomo, así como "lo que está ocurriendo en el sector Justicia" generan "una gran desconfianza".

Además, destacó como anuncios de incumplimientos aspectos referentes a las plazas pactadas en Educación pública y Osakidetza o en el capítulo de subcontratas y subrogación. También censuró "los ataques encabezados por este Gobierno en contra del euskera" que, en el ámbito de la Educación se refleja en la "reducción drástica del programa Irale" y en Osakidetza que el uso del euskera "ya no se considerará como uno de los parámetros de calidad de los servicios sanitarios".

Ante esta situación, ELA exigió al Gobierno "que se comprometa con lo firmado y que cumpla íntegramente lo pactado" porque, según explicó, "a la vista de lo que está ocurriendo, nuestras dudas son muchas". "¿Quién manda?, ¿por qué quienes dan el visto bueno a los acuerdos lanzan mensajes en su contra?", se preguntó.

Tras definir el comportamiento del Ejecutivo como "tremendamente irresponsable" y advertir de que "no tenemos muchos motivos para fiarnos de ellos", agregó que "en todo caso, hay un acuerdo que se debe cumplir en todos sus términos". "De no ser así, responderemos contundentemente", aseguró.