La nueva decisión de la Agencia Tributaria de denegar al puerto de Santa Cruz de Tenerife la posibilidad de disponer de un escáner para la inspección de mercancías es "un duro varapalo para las empresas de la provincia y una auténtica tomadura de pelo por parte del Estado, que una vez más vuelve a dar marcha atrás en el compromiso que adoptó con el puerto tinerfeño en 2008 y a cercenar tanto sus posibilidades de desarrollo, como las del tejido empresarial de la provincia".

Así se expresaba esta mañana el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Vicente Victoriano, ante una decisión que la Agencia Tributaria apoya en un informe jurídico que no se ha dado a conocer hasta ahora y que aparece justo en el momento en el que el proyecto ya tenía asignado tanto su espacio físico en el puerto como los fondos para su ejecución.

Según el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara, "es una vergüenza que, a estas alturas de la película y con la grave crisis económica que estamos padeciendo, el Estado vuelva a negar al puerto de Santa Cruz de Tenerife la posibilidad de contar con un equipamiento básico y esencial para que las empresas de la provincia puedan ser competitivas y para que el recinto portuario de Santa Cruz esté al nivel de puertos como el de Las Palmas, Valencia o Barcelona".

Vicente Victoriano recordó que el hecho de no contar con el escáner está suponiendo que todo el transporte marítimo de transbordo intercontinental no pare en el puerto de Santa Cruz sino en el de Las Palmas. "De hecho, la mercancía de países como Estados Unidos o Canadá no puede pasar por Santa Cruz, porque son países que no envían nada a puertos que carezcan de escáner por una simple cuestión de medidas de seguridad, adoptadas tras los atentados del 11 de septiembre", añadió.

La Cámara de Comercio expresó su respaldo al Colegio Oficial de Agentes de Aduanas de la Provincia que, de la mano de su presidente, Mario Ramos, lleva mucho tiempo reclamando la incorporación del escáner en la instalación portuaria de Santa Cruz de Tenerife para poder competir en condiciones de igualdad con otras instalaciones portuarias.

El sobrecoste de los retrasos y el papeleo que supone el hecho de tener que inspeccionar y controlar las mercancías de forma manual de países como China provoca, según Vicente Victoriano, la pérdida de miles de horas de trabajo en la actividad de movimiento de mercancías en los muelles. De hecho, el escáner reduce hasta 16 veces el tiempo necesario para la revisión de las mercancías y su ausencia en el puerto de la capital tinerfeña también está afectando de lleno a las relaciones comerciales y de cooperación con África.

En este sentido, explicó que "no se puede aprovechar la cercanía con países como Somalia para hacerles llegar material de ayuda y comida que provenga de cualquier parte del mundo, mientras que el puerto de Las Palmas ha sido nombrado, Centro Logístico Internacional de la Cruz Roja de la Media Luna, y EEUU y Canadá, lo han aceptado como Puerto de Transbordo por tener un escáner como medida de rapidez y seguridad".

Huelga de estibadores

El presidente de la Comisión de Transportes también se ha referido al anuncio de movilizaciones por parte del colectivo de estibadores en contra del proyecto de reforma de la Ley de Puertos. En este sentido, esta mañana se ha puesto en contacto con el presidente del Sindicato de Estibadores Portuarios de España, Antolín Goya, quien le ha asegurado la voluntad de este colectivo de llegar a un acuerdo razonable con los parlamentarios que defenderán las enmiendas a Ley de Puertos para evitar una huelga que tendría efectos muy negativos en la economía.

De hecho, Goya le ha explicado al presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara que existe un margen para el acuerdo y para evitar la confrontación laboral, "que no conviene a ninguna de las partes sobre todo en estos momentos de crisis".

Vicente Victoriano confió en que finalmente la nueva la Ley de Puertos tenga en cuenta las singularidades de las islas como territorios fragmentados y alejados del continente y que no elimine el actual régimen de bonificaciones al transporte marítimo, "ya que esto supondría una condena a muerte de la economías insulares, que viven uno de sus momentos económicos más preocupantes", y que se autoabastecen en su práctica totalidad por la mercancía que llega a sus puertos.