El consejero Mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, avanzó hoy que se han detectado "irregularidades e imprecisiones" en el registro de contratos administrativos de la Junta de Andalucía en 2008, por lo que recomendó la implantación de "los mecanismos necesarios que garanticen la veracidad de los mismos",

En la presentación del informe de fiscalización de la Cuenta General, Contratación Administrativa y Fondos de Compensación Interterritorial 2008 en el Parlamento andaluz, Navas explicó que en 2008 se adjudicaron 81.161 contratos por 3.347 millones de euros, de los que el 88 por ciento se consideran menores por importe de 617 millones.

Excluida la contratación menor y los contratos menores, apuntó que el 50,4 por ciento de los contratos correspondió a suministros, el 23 por ciento a servicios y el 11,6 por ciento a consultoría y asistencia, entre otros. Además, el 25,9 por ciento de los contratos formalizados fueron procedimientos abiertos y restringidos, acaparando el 60,4 por ciento de la inversión realizada en 2008; mientras que el 63,4 por ciento (6.091 contratos) se realizaron por procedimiento negociado, con el 25,7 por ciento de la inversión total.

El mayor número de los contratos fue adjudicado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 5.861 (el 61 por ciento del total) y un importe de 1.295 millones. Este organismo presenta un saldo presupuestario negativo de 64 millones, mientras que el resultado económico patrimonial se incrementó un 410 por ciento, hasta los 454 millones en 2008. El importe de acreedores ascendió a 1.569 millones, un diez por ciento menos.

Navas advirtió de la detección de expedientes acogidos a la tramitación de urgencia donde "no está suficientemente justificada" la utilización de este procedimiento. Además, detectó "deficiencias" relativas al establecimiento y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, "insuficiente" determinación de fórmulas y métodos de valoración y ponderación de criterios, así como la utilización de "mejoras indeterminadas" como criterio de adjudicación "sin que se objetivase su contenido".

Igualmente, indicó que en el 38 por ciento de los concursos fiscalizados, las comisiones técnicas asesoras establecen criterios complementarios a los establecidos en el pliego o normas de valoración de los mismos.

"Salvo algunas excepciones, en los contratos adjudicados por el procedimiento negociado no se ha producido una adecuada promoción de la concurrencia y sólo en 24 de los 52 contratos por este procedimiento del SAS se acredita que se haya producido una negociación de los términos del contrato con los empresarios", añadió Navas.

Más del 90%

De cumplimiento presupuestario

En este marco, Navas indicó que en 2008 la Junta contó con un presupuesto inicial de 31.832 millones, que alcanzaron un crédito definitivo de 35.005 millones. El 73 por ciento del presupuesto de gastos corresponde a operaciones corrientes y el 25 por ciento a operaciones de capital; mientras que los créditos presupuestarios destinados a gastos de personal ascendieron a 5.523 millones, otros 1.204 millones para gastos corrientes, 18.430 millones para transferencias corrientes y 2.067 millones para inversiones reales.

El grado de ejecución del presupuesto de gastos de 2008 fue del 94,71 por ciento y el de ingresos alcanzó el 95,98 por ciento; mientras que el grado de cumplimiento se situó en el 89,53 por ciento y el 94,1 por ciento, respectivamente.

El remanente de tesorería creció en 2008 hasta los 2.641 millones y el saldo disminuyó desde los 6.114 millones en 2007 hasta los 4.900 millones en 2008. Los libramientos pendientes de justificar se situaron en 468 millones a 31 de diciembre de 2008, un 3,76 por ciento menos.

Empresas y fundaciones

En su intervención, Navas advirtió de que existen entidades empresariales públicas y fundaciones que no remiten la documentación solicitada por la Cámara. Además, instó a "uniformar" criterios sobre lo que se consideran fundaciones para que puedan ser fiscalizadas, "zanjando una cuestión que se lleva arrastrando una serie de años y que no tiene sentido".

El consejero apuntó a la existencia de 172 entidades empresariales, con 21.310 empleados, un ocho por ciento más que en 2007. En este marco, recordó que la información de 18 empresas "no es homogénea"; que no se incluyen presupuestos de explotación y capital entre otros, de 15 entidades, ni las cuentas de Santana Motor o Lifisa (Linares Fibras Industriales) "por no rendir sus cuentas en plazo".

El volumen de fondos perdidos por la Junta por estas empresas asciende a 3.899 millones, un 23,6 por ciento más que en 2007, de los que el 61,4 por ciento se concentran en Egmasa. El endeudamiento financiero de estas empresas alcanzó los 292 millones.

Así, 16 entidades obtuvieron resultados positivos en 2008 y 12 resultados equilibrados, pero "no fueron suficiente" para cubrir los datos negativos de siete empresas, como son IDEA, Inturjoven, RTVA, la Empresa Pública Hospital Poniente Almería, Santana Motor y Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, entre otros. "De no haberse percibido subvenciones de explotación, el resultado agregado de las entidades empresariales hubiera sido negativo en 1.504 millones", sentenció.

En cuanto a las fundaciones, Navas apuntó que los fondos percibidos por las fundaciones, de las que 15 no presentaron su documentación a la Cámara, ascienden a 477 millones, de los que el 70 por ciento se concentran en la Fundación Andaluza de Servicios Socieles (FASS) (48%) y en la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (20,3%). Las fundaciones cerraron 2008 con un resultado positivo de 2,6 millones, lo que supone un incremento del 101,5 por ciento respecto a 2007, y tras aplicar 250 millones más de subvenciones.

"dudas" sobre la gestión pública

El diputado del PP Salvador Fuentes indicó que los datos presentado "no son tranquilizadores sino que alargan la duda" sobre la gestión de la Junta y criticó que no exista "propósito de enmienda" por su parte, al registrar "las mismas deficiencias y errores año tras año en cuanto a normativas muy relevantes como la Ley de Administraciones Públicas o de Contratos Públicos.

También, dudó de las fórmulas de contratación y el "abuso" de los contratos negociados y de urgencia. "Se recurre además al truco contable con errores de cálculo para presumir de austeridad y después para justificar ciertos ingresos", afirmó. Fuentes quien mostró su "preocupación sobre el pasotismo de las fundaciones en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente", una situación ante la que presentará una iniciativa parlamentaria.

En este sentido, la parlamentaria socialista Antonia Moro instó a los grupos políticos a que "acudan a los tribunales si existe cualquier tipo de ilegalidad" en las cuentas públicas. "Hay que hablar con seriedad y no engañar", insistió la diputada, que quien apuntó a la "credibilidad" de la gestión y aseguró que "otro tipo de valoraciones "sólo responden a estrategias partidistas que lanzarían sombra de duda o sospechas para desprestigiar".

"Los fondos públicos han sido gestionados desde la transparencia, el rigor y atendiendo a la ley en todo momento", recalcó Moro, quien recordó que las cuentas fiscalizadas en 2008 responden a "un escenario económico distinto".

Por su parte, el parlamentario del grupo de IULV-CA Pedro Vaquero del Pozo IU insistió en la necesidad de que se realice un seguimiento de las fiscalizaciones hechas en el pasado, "porque si no se corrigen las irregularidades detectadas se está perdiendo el tiempo". Apostó por el desarrollo de una "importante fiscalización de entidades como Faffe y de otros organismos que manejan mucho dinero público".