En primer término y en rueda de prensa, Nieto afirmó hoy que el presupuesto municipal no cumple la Ley respecto al porcentaje que puede destinar a gasto corriente de los ingresos que espera obtener (más de seis millones de euros) con el cobro de sanciones urbanísticas. Así, aunque estima en parte la alegación del PP al respecto, el gobierno municipal, formado por IU y PSOE, dedica 4,8 millones de euros y los no 900.000 euros que corresponden, según el PP y la interventora municipal, para hacer frente al coste del propio servicio de Disciplina Urbanística.

De igual forma, según Nieto, el presupuesto, como así lo refleja otra alegación del PP, no cumple el principio de estabilidad presupuestaria, pues presenta déficit, "según el último informe conocido de la interventora", aunque ahora, "después de afirmar que había superávit, el gobierno dice que está de acuerdo en el fondo con el PP, pero que la alegación no se puede admitir por extemporánea, ya que primero debe aprobarse el presupuesto y luego ver si se cumple", teniendo en cuenta además que el Consistorio está sujeto a un Plan Económico y Financiero hasta 2011.

Todo ello llevó al portavoz popular a afirmar que "el presupuesto municipal está bajo sospecha", pues "hay indicios más que suficientes de una posible ilegalidad", lo que le llevó a anunciar que el PP se reserva llevar a cabo "las acciones legales oportunas", para que "los tribunales valoren si se cumple la legalidad" por parte de un gobierno municipal "que se ha tirado al monte y hace una política de tierra quemada", desde una actitud "irresponsable en materia económica", llevando "al límite la interpretación que más le conviene de cana norma", mediante "triquiñuelas y cambios de última hora" que el PP no aceptará.

Respuesta del gobierno

Por su parte y en rueda de prensa posterior a la de Nieto, el delegado municipal de Hacienda, Alfonso Igualada, recordó, en primer lugar que, precisamente, en base al obligado cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, "no puede aprobarse un presupuesto con déficit". En segundo lugar, "la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) debe establecer, cosa que aún no ha hecho", qué sociedades en las que participa el Consistorio cuentan para determinar si el presupuesto consolidado es equilibrado, presenta déficit o superávit.

De hecho, la IGAE debe aún analizar "si 13 sociedades" con participación municipal deben entrar en ese computo o no y, entre tanto, "la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Junta de Andalucía es la que, a consulta del Ayuntamiento, ha determinado que, para el Plan Económico y Financiero en vigor, se mantiene el computo que fijo la IGAE en 2008", es decir que el déficit o superávit del presupuesto consolidado se determina por las cuentas del Ayuntamiento, de sus organismos autónomos y de Sadeco y, en ese caso, no hay déficit.

En cuanto a la alegación del PP sobre el destino de los ingresos por sanciones urbanísticas, Igualada dejó claro que la misma "es extemporánea", a lo que se suma que "el presupuesto se ajusta al Plan Económico y Financiero, y la clave es si hay que cambiarlo o no. El gobierno municipal entiende que no", teniendo en cuenta la posición al respecto del citado organismo de la Junta de Andalucía. Además, en este caso concreto, frente al informe de la interventora, el gobierno municipal avala su posición sobre el reparto de los ingresos por sanciones urbanísticas con "un informe del Organismo de Planificación Presupuestaria".

Todo ello hizo que Igualada llegara a la conclusión de que "el PP se dedica a poner todas las piedras en el camino y todos los palos en las ruedas para que las cosas salgan mal", en la que supone una "actitud desleal con Córdoba", a la vez que olvida que "hay otros ayuntamientos que no pagan las nóminas y con empresas en proceso concursal", no siendo esa la situación del Ayuntamiento cordobés, que no tuvo problema el pasado año para financiar sus inversiones, mientras que este año "ya hay entidades financieras pendientes" para financiar las inversiones previstas en el presupuesto de 2010, que está pendiente de aprobación definitiva, "como ocurre también en el Ayuntamiento de Cádiz, donde el PP tiene mayoría absoluta", sentenció.