Según el escrito judicial, al que tuvo acceso Europa Press, del mismo modo el juez solicita a la Consejería que aclare la posibilidad de otorgar licencias de obra por parte de entidades locales cuando no se encuentre definitivamente aprobado el instrumento de planeamiento, proyecto de urbanización o proyecto de parcelación, con mención de la normativa aplicable.

Del mismo modo, el juzgado pidió al dueño de Hiconsa documentación relativa a la construcción de la vivienda unifamiliar aislada, perteneciente al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartaya.

Esta documentación, en especial la referente a pagos efectuados por los dueños de las obras, debe ser aportada en el plazo de cinco días. Igualmente, el juzgado ha solicitado la justificación del incremento patrimonial sufrido por Miguel Novoa y su mujer durante los años 2006 y 2007.

El próximo 2 de junio declararán en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ayamonte el secretario del Ayuntamiento y del arquitecto municipal.

El administrador único de Hiconsa, Juan Márquez Rodríguez, confirmó el pasado 13 de abril en su declaración ante el juez como presunto imputado en el caso Hiconsa, "varios de los hechos denunciados por la oposición municipal de Cartaya", sobre presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos cercanos al centro de la localidad, en la barriada de El Almendral.

Según informó la oposición —conformada por el PP, IU, PA y un edil no adscrito— en un comunicado, aunque Márquez se negó a responder a las preguntas del abogado de la oposición, José Carlos Hernández Cansino, de su explicación ante el juez y el fiscal "se desprende que existió una estrecha relación entre Hiconsa, el arquitecto denunciado, el alcalde de Cartaya y, sobre todo, el primer teniente de alcalde y su esposa". Todos ellos también imputados en este caso de posible corrupción urbanística.

Los denunciantes aseguraron que ha quedado también probado que Novoa y su esposa "construyeron su vivienda, proyectada por el arquitecto denunciado y obra que realizó Hiconsa, a pesar de los informes desfavorables de los servicios técnicos municipales por incumplir la normativa urbanística vigente en ese momento a exceder en volumetría e invadir parte del viario público".

Además, la declaración de Márquez confirma que Novoa y su esposa "no han pagado la totalidad del presupuesto de la vivienda pactado con Hiconsa, que ascendió a 371.000 euros", indicando además que la declaración de hoy "prueba que Novoa no ha pagado a Hiconsa 138.000 euros, sin que esté justificado a qué se debe ese impago".1,3

Millones de euros

Otro hecho probado tanto con la declaración de hoy como con las de los demás imputados es que la adjudicación de los aprovechamientos urbanísticos que correspondían al Ayuntamiento, que ascienden a 1,3 millones de euros, "se hizo directamente a Hiconsa, sin que mediase licitación pública alguna o se ofreciese a otros propietarios del suelo a desarrollar".

Esos aprovechamientos urbanísticos fueron valorados por el arquitecto denunciado, quien, como ha quedado probado, "trabajaba a mismo tiempo para Hiconsa, para el Ayuntamiento en el desarrollo de los terrenos situados en la barriada de El Almendral, y para Miguel Novoa y su esposa, en la construcción de su chalé".

Una valoración alternativa hecha por un arquitecto para la oposición estima en 4,4 millones de euros esos aprovechamientos, es decir, que Millán y Novoa "le habrían perdonado a Hiconsa nada menos que 3,1 millones de euros de todo el pueblo de Cartaya".

Según adelantó el diario 'El Mundo Huelva Noticias' en su edición de hoy, la oposición en el Ayuntamiento de Cartaya "ha considerado muy positiva la apertura de nuevas diligencias por parte del juez".