La comisión del Plan de Ordenación del Litoral (POL) acordó hoy por unanimidad de los tres grupos parlamentarios su plan de trabajo, que PSdeG y BNG piden que sirva para delimitar competencias y respetar la autonomía municipal en este ámbito. Por su parte, el PPdeG incidió en que esta planificación "ni califica, ni clasifica", sino que constituye un documento con "pautas" para los ayuntamientos.

Con estas líneas de base arrancó formalmente el trabajo en comisión, después de que los grupos constituyesen el pasado jueves este órgano parlamentario, coincidiendo con la aprobación en el Consello de la Xunta de una prórroga de la conocida como Ley de los 500 metros, que estará vigente hasta la aprobación inicial del POL.

En cuanto a las propuestas de trabajo planteadas, el diputado del PPdeG Román Rodríguez demandó la comparecencia de un técnico o responsable de la Dirección Xeral de Sostenibilidade e Paisaxe con el objetivo de que defina "el alcance y vinculación del POL" con los ayuntamientos, porque —argumentó— esta planificación "ni califica, ni clasifica".

Será finalmente al responsable de ese departamento autonómico, Manuel Boborio, al que el Parlamento gallego solicitará su intervención para aclarar este extremo, cuya necesidad viene dada, según Román Rodríguez, para delimitar las características del plan de ordenación, que "marca unas pautas para los ayuntamientos".

Autonomía municipal

Por su parte, la socialista Mar Barcón había demandado un informe jurídico que "delimitase las competencias del POL", puesto que, a su juicio, "existen algunas cuestiones que exceden con mucho las competencias", invadiendo así la autonomía local.

Aunque esta reclamación no fue incluida explícitamente en el plan de trabajo aprobado hoy, la programación de la comisión está abierta a incorporaciones posteriores y en función de las necesidades que surjan, tal y como recordó el presidente de este órgano, el 'popular' Alejandro Gómez Alonso.

La parlamentaria nacionalista Isabel Sánchez Montenegro también se refirió a esta cuestión para fijar la necesidad de que el dictamen que salga de la comisión implique a los ayuntamientos de la costa que se sitúen a menos de 500 metros de la costa. A este respecto, matizó que la regulación que se proponga debe recoger las "especificidades" de cada municipio, al tiempo que dejar el resto del territorio (más allá de los 500 metros) en manos de los ayuntamientos.

Sánchez Montegro demandó que la redacción del POL tenga en cuenta la preservación natural y el desarrollo económico pero alejándose de la "destrucción" paisajística y que "ponga en valor" el territorio. Demandó, asimismo, una nueva ley que regule la ordenación territorial y dar "solución definitiva" a los núcleos preexistentes.

Otras demandas

Tanto Sánchez Montenegro como Barcón reclamaron la subsanación de los errores cartográficos que presenta el borrador del POL que elaboró la Xunta, presentado a los ayuntamientos y que ahora permanece en fase de alegaciones, hasta el próximo día 10 de mayo (después de que éste se ampliase un mes).

Además, los nacionalistas exigen unas "normas claras y sencillas" para cubrir el "vacío legal" que en varias ocasiones ya han denunciado, junto con los socialistas, en relación a que, entre la aprobación inicial y definitiva del POL, la Ley de los 500 metros dejará de tener vigencia.

A ello, Mar Barcón sumó la necesidad de que el Gobierno gallego envíe a la Cámara autonómica las determinaciones que recogerán las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) en lo que se refiere a los ayuntamientos del litoral, con el objetivo de elaborar el POL "en coherencia" con el otro documento, que la Xunta prevé redactar de forma paralela.

Plan de trabajo

Así las cosas, el plan de trabajo aprobado incluye la incorporación de cuatro listados que se pedirán a la Xunta —número de audiencias y reuniones entre la Xunta y los ayuntamientos; organismos a los que se remitió el plan; contestaciones de la Administración a los ayuntamientos después de las alegaciones y listado de correcciones de oficio realizadas—.

Además, la comisión pedirá la comparecencia de diferentes instituciones, como el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), y en concreto de Juan Raposo; del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos y de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Hará lo propio con el departamento de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de Geografía de la USC, del departamento de Urbanismo de la Universidade de A Coruña y del departamento de Ciencias del Mar de la Universidade de Vigo; así como con la Escola Galega da Paisaxe, de una asociación ecologista y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproim).

Un letrado del despacho Sánchez Goyanes y el ex director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) Daniel Pino completan el plan de trabajo ratificado hoy por los tres grupos.