Sainz se refirió a este asunto a preguntas de los periodistas, durante una rueda de prensa que ofreció, acompañada de los diputados Álvaro Cuesta y Antonio Hernando, para analizar la labor política de la ejecutiva local del Grupo Municipal Socialista.

En palabras de Sainz, "el convenio urbanístico es un expolio a favor de un empresario, que no tiene ningún viso de salir adelante". Por este motivo, anunció que lo llevará al Tribunal de la Competencia y a la jurisdicción administrativa, recordando que la expropiación de Villa Magdalena (cuyo retraso en el pago provocó una revalorización que obligó a llegar al presente acuerdo con la empresa propietaria, Comansa) "se pudo pagar en tres millones de euros y ahora el propietario puede sacar más de 150 millones de beneficios".

A juicio de la concejala, "no se puede el alcalde hacer cualquier tipo de barrabasada legitimado por los votos". Desde su punto de vista, el acuerdo "se salta la normativa y sus cláusulas son lesivas", pues explicó que "todas las cargas caen sobre el Ayuntamiento, que se desprende del patrimonio", mientras que Comansa "establece todas las condiciones".

Álvaro Cuesta quiso referirse a este asunto, definiéndolo como un "agujero negro". "No puede ser que la gestión de 20 años de Gabino de Lorenzo (el alcalde) concluya con dos agujeros negros", refiriéndose a este caso y al de la finca de El Vasco, en la que estaba previsto que se construyese el Palacio de Justicia. "No hay madurez, ni reflexión y no se pusieron los intereses de los ciudadanos por delante", criticó.

En este sentido, Sainz matizó que la crítica de Cuesta al asunto de la finca de El Vasco, asunto que en última instancia era responsabilidad del Gobierno autonómico, se refería a la gestión municipal anterior al este proyecto, "cuando sí era un agujero negro". Aseguró que "se trata de un proyecto que saldrá adelante porque hay un compromiso firme del Principado para acabar con la dispersión de las sedes judiciales".