El presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Pedro San Ginés, reclamó hoy al Gobierno regional que mantenga la financiación del Régimen Económico y Fiscal (REF) y revise las competencias transferidas, ya que advirtió de la "imposibilidad de elaborar los próximos presupuestos con una situación insostenible de insuficiencia financiera y de posible cierre incluso de servicios esenciales".

Los presidentes de los siete Cabildos, integrados en la Fecai, han convocado, en sus respectivas instituciones, una comparecencia de prensa conjunta para trasladar al Ejecutivo autonómico la situación y demandas de las corporaciones insulares en cuanto a la financiación local en materia de REF y competencias transferidas.

El también titular del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha explicado la difícil situación económica por la que atraviesan las corporaciones insulares, fundamentada principalmente por el descenso de los ingresos del REF, "la mayor fuente de financiación de los presupuestos de los Cabildos Insulares".

Estos recursos del REF "han experimentado, en el periodo 2007-2010, una disminución de 135,4 millones de euros, lo que representa un 31%", indicó el presidente de la Fecai a través de un comunicado.

De igual forma, San Ginés, destacó que "los recursos procedentes del REF suponen cerca del 40 por ciento de los ingresos de los cabildos, mientras que para la Comunidad Autónoma solamente representan un 6,6 por ciento".

Otro de los argumentos expuestos en la comparecencia de los presidentes cabildicios, ha sido el relativo a la disminución de la participación de los Cabildos en los Tributos del Estado y de las competencias transferidas con la total exclusión de éstos en los llamados Plan E.

Pedro San Ginés ha expuesto durante su rueda de prensa un gráfico de evolución de los gastos corrientes donde "se ha puesto de manifiesto el descenso tan abrupto que han sufrido los mismos durante los últimos tres años, pasando" de 100 millones en 2007 a 79,9 millones en el 2010. Por el contrario, la Comunidad Autónoma sufre un incremento en su capítulo de gasto corriente de más de 20 millones de euros, en este mismo periodo comparado.

Devoluciones ref

En cuanto a las devoluciones del REF que se consignan en 188,6 millones de euros, de la liquidación del 2008, 2009 y probablemente de la del 2010, así como las devoluciones del Estado que suman 76,9 millones del 2008 y 2009, desde la Fecai se ha apuntado como origen y causa de este problema con el que se encuentran ahora los cabildos a "las erróneas previsiones realizadas por parte de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda, además de la gestión deficiente de los recursos".

Todo ello, unido a las exigencias del ejecutivo regional, en cuanto a que los Cabildos deben ajustar más sus gastos corrientes, se traslada en la alarmante preocupación por el escenario económico que se plantea de cara al 2011, donde según el presidente de la Fecai, Pedro San Ginés, " los ingresos corrientes no cubrirán los gastos de igual naturaleza, por lo que la inversión será nula".

Este escenario además, según el presidente de la Fecai, "imposibilitará elaborar los próximos presupuestos, con una situación insostenible de insuficiencia financiera y de posible cierre incluso de servicios esenciales". DEMANDAS

En este sentido, los presidentes de los siete cabildos pedirán durante el encuentro solicitado al presidente del Gobierno de Canarias, que el Ejecutivo cumpla estrictamente con la Ley, disposición transitoria cuarta de la Ley que garantiza a los cabildos los recursos mínimos del REF de 2002 y la disposición adicional duodécima del Plan General de la Comunidad Autónoma de 2010.

Asimismo, pedirán modificar los porcentajes y mejorar la gestión de los recursos del REF; ajustar los gastos de gestión y repercutir los reales del servicio; y cumplir con los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de informe anual de gestión e información puntual de la evolución de la recaudación.

En materia de competencias, la Fecai demandará al Gobierno el cumplimiento del compromiso adquirido por el ejecutivo en el seno de la Comisión de Cabildos en cuanto a la revisión y actualización de las competencias transferidas.