"Lo ideal es que todo esto se aborde en el marco de una reunión entre las partes. Es decir, da la sensación de que hay determinados intereses en confrontar a las administraciones públicas en Canarias en los tres niveles administrativos. El Gobierno no está por esa línea, sino por todo lo contrario. Frente a la confrontación con las administraciones locales canarias, el Gobierno apuesta por el diálogo y por el entendimiento", dijo.

De esta manera, opinó que este entendimiento se tendrá que producir en una situación de crisis económica que afecta a todas las administraciones, empresas, autónomos y familias, por lo que reiteró que tendrá que ser en una mesa y con diálogo entre todos donde se lleven a cabo las cuestiones de la financiación de las administraciones públicas.

Marrero explicó que lo que lo ciudadanos quieren es que las administraciones públicas funcionen y que, como mínimo, sigan haciéndolo con las mismas prestaciones y calidad de servicios que hasta la fecha.

"No debe ser —añadió— objeto de confrontación, y mucho menos de polémica, entre las administraciones, el estar disputando presupuestos para ver quien ejecuta o no esos servicios. Por lo tanto, desde el Gobierno de Canarias no se va a propiciar que continúe esa polémica y, en el marco del diálogo entre las administraciones se resolverá el asunto".

Aquí, aseguró que el Ejecutivo regional tiene la "absoluta convicción" de que al igual que ha ocurrido en anteriores episodios entre la propia administración autonómica y los cabildos y ayuntamientos, "las aguas volverán a su cauce porque al final siempre acaba imperando la sensatez y el sentido mayoritario del interés general que hay entre las administraciones".

Respecto a si el Gobierno regional creía que se le 'debía algo' a los cabildos, el portavoz hizo especial hincapié en que de momento lo que existe es un informe de los servicios jurídicos en relación a una disposición transitoria, cuya aplicación se considera que ha caducado en el tiempo.

"No obstante, y dicho esto, no hay inconveniente ninguno del Gobierno de Canarias en sentarse a debatir con los cabildos este asunto, puesto que entendemos que los debates han de producirse en los escenarios mediante declaraciones públicas y no en declaraciones bis a bis, que no contribuyen a una solución satisfactoria", señaló.

Finalmente, aseguró que el Ejecutivo "está abierto" a cualquier planteamiento razonable que esté orientado al interés general, en el sentido de que no se mermen los servicios fundamentales.