González aclaró que el objetivo de la iniciativa es modificar el artículo 6 bis, referido al procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica, donde no se habla de obras privadas, que es el salto que ha dado el Gobierno de España al considerar que así como las instalaciones eléctricas pueden ser de compañías privadas, el interés general exige que sea la administración pública la que aplique un sistema de este tipo porque no se puede establecer un sistema menos eficaz que impida que, ante una demanda energética importante, se introduzca un proceso permanente de discrepancia, por lo que el objetivo ideal sería llegar a un acuerdo entre administraciones, y en caso de no llegarse, tiene que haber alguien que sea capaz de tomar la decisión necesaria, que es el sentido de la Proposición de Ley, puntualizó.

Mientras, desde las filas del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Manuel Fernández añadió que la electricidad afecta al cien por cien de la población, por tanto, no hay nada que sea más de interés general que el abastecimiento eléctrico. Por tanto, cuando se hacen las leyes en la Cámara se hace por el bien del interés general, y cuando se traspasan facultades a distintas instituciones, no es en modo alguno para satisfacer el ego de sus dirigentes.

Las competencias son para dar eficacia al administrado, y si éstas molestan al administrado hay que quitarlas, al tiempo que criticó que se haya dado más de una intervención de presidentes de cabildos reclamando que ellos no van a modificar nada porque están quitando poder a los cabildos. A ver si les convencemos de que estamos aquí para mejorar la vida y el bienestar de los administrados y no de los que presiden las instituciones, recalcó.

La Ley que se va a modificar sólo se va a aplicar en dos casos: uno, cuando los que son competentes en materia del territorio como son los ayuntamientos, cuando se les pide una licencia, una de dos, o no quieren darlas y no dan autorización porque no quieren que pase la línea de red eléctrica por su territorio, lo que es intolerable, o porque no puedan, dado la complejidad de las leyes.

Finalmente, el diputado del PSC-PSOE Manuel Fajardo Palarea, tras hacer un repaso del devenir de la normativa sobre la regulación del sector eléctrico canario, denunció el "fracaso más absoluto y rotundo" del Gobierno de Canarias en el cumplimiento de esta Ley, en la planificación energética, en la aprobación de los planes insulares de ordenación y en los planes especiales de ordenación de infraestructuras energéticas.