Tirado dice que no tuvo pagos por 'La Parrada' y el dinero de su casa era de donaciones al partido

Tirado declaró hoy en el juicio por el denominado caso 'La Parrada' —desglosado de Ballena Blanca— en el que está acusado de cohecho por la Fiscalía Anticorrupción, que le pide dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros, y que entiende que el dinero hallado en su casa "forma parte de la retribución pactada" con otro de los tres acusados restantes.

El ex alcalde explicó que la Policía fue meses antes del arresto a preguntarle por la finca. "Si yo hubiera pensado que estaba haciendo algo irregular, hubiera quitado el dinero y mucho más si está relacionado con 'La Parrada'. No soy tonto", apuntó, e indicó que si sale absuelto "no quiero saber nada del dinero", en todo caso, "si quiere, que lo reclame el partido".

Aseguró que querían comprar una sede para el partido, en el que, según afirmó, había gente del antiguo Grupo Independiente Liberal (GIL). Además, precisó que sus compañeros de formación sabían dónde estaba el dinero, aunque cuando declararon como acusados lo negaron por "pánico", apuntando al fiscal que igual se lleva "una sorpresa" cuando declaren como testigos.

"Si llego a saber la polvareda que se iba a montar, no tengo el dinero en mi casa", aseveró el ex regidor, quien apuntó que "siempre había pensado que no tenía que saber de quién eran las donaciones" y añadió que la mayoría de los partidos de Manilva se financian por este tipo de aportaciones. Además, indicó que el momento que más donaciones tuvieron fue el congreso de marzo de 2003.

Incidió en que el dinero de su casa estaba en sobres, algunos cerrados, y dentro de una bolsa de marca y no en bolsas de basura. Asimismo, aseguró que hay "errores" y datos "falsos" en el informe patrimonial de los investigadores, que habla de un desfase entre ingresos y gastos; asegurando, por ejemplo, que se le han achacado los pagos de un canal privado de varios hogares del pensionista.

Dijo que pocas veces llegaban a su casa directamente las donaciones y si lo hacían eran de poca cuantía, al tiempo que negó haber recibido un reloj de marca, apuntando que el regalo que le hicieron fue uno del Real Madrid. Asimismo, afirmó que estuvo en un lujoso hotel de Madrid para ver un partido de fútbol de ese equipo, al que le invitó un promotor.

Así, explicó que allí coincidió con el acusado Aki Kujala y el otro socio, en paradero desconocido y contra el que no se ha hecho acusación, quien pidió la factura "para desgravarse", aunque insistió en que "la habitación la pagué yo". Dijo que era éste y no Kujala el que "llevaba la voz cantante en las negociaciones de los convenios". Sobre su cuñado, también acusado, señaló que sólo lo ve "de Navidad en Navidad" y que "nunca" le dijo nada "ni sobre La Parrada ni de mi actividad profesional".URBANISMO

Sobre los convenios firmados en relación con 'La Parrada', indicó que el primero era con fines recaudatorios, igual que el segundo, aunque en éste, admitió, se incorporó el aumento de densidad, pasando de 10 a 18 viviendas por hectárea, lo que se había hecho en otro convenio anterior para una finca "hermana" a la investigada.

El ex alcalde indicó que ese segundo convenio "no fue aprobado", porque "no era nuestra intención llegar a hacer un pelotazo" y no había plan de sectorización que respaldara el documento. Por tanto, indicó que no se llevó al pleno para evitar la especulación, por lo que consideró "erróneas" las afirmaciones de la acusación pública. Añadió, además, que sólo el convenio "no garantizaba nada".

Apuntó que el mismo documento indicaba que no tenía validez sin la aprobación del pleno, lo que, dijo, "sabían" tanto la empresa que adquirió en primer lugar los terrenos, controlada, según el fiscal, por el acusado Aki Kujala, como la sociedad que la compró finalmente, formada por personas "que sabían de urbanismo" y que "fueron a preguntar a la Junta".

Criticó que en pocos meses hubo cuatro modificaciones de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), por lo que "es muy difícil para un alcalde saber qué hay que aplicar en cada momento", aunque manifestó que la aprobación de un plan de sectorización corresponde en última instancia a la Junta de Andalucía.

Además, dijo que la actual alcaldesa, Antonia Muñoz, era entonces concejala de Urbanismo, participó en las reuniones para negociar el convenio y contaba con el asesoramiento jurídico en este área de Rafael Duarte, luego concejal de Estepona (Málaga), quien, entendió, la informaba "de cualquier asunto por pequeño que fuera".