Los padres de Eki María M.J, la joven vecina del vallisoletano barrio de Parquesol que en septiembre de 2008 murió, presuntamente, a manos de su novio, mostraron hoy su confianza en la Justicia convencidos de que el acusado será condenado a la pena máxima por delito de asesinato y, al mismo tiempo, expresaron su convencimiento de que el banquillo de la Audiencia de Valladolid, donde este viernes se inicia juicio con jurado popular por estos hechos, debería de contar con más 'inquilinos'.

Y es que el matrimonio compuesto por José Joaquín Mayo y Esther Johnson, que compareció hoy públicamente a dos días vista del inicio del proceso judicial, mantiene que el procesado, David A.S, "asesinó con frialdad" a su hija pero, y eso es lo novedoso, contó también con colaboradores a la hora de deshacerse del cadáver y de borrar posibles pruebas del escenario del crimen.

"Tiene sus cómplices, y si no ¿cómo se explica que la casa de mi hija apareciera totalmente ordenada, quién se ha llevado todos su documentos?", se preguntó Esther Johnson, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, compareció, junto a su marido, en la sede de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid en presencia de la nueva presidenta del colectivo, Conchi Minayo, y la letrada de Adavasymt que ejerce la acusación particular en representación del padre de la víctima.

La madre de Eki María, en la actualidad bajo tratamiento psiquiátrico y con otros problemas de salud—tensión alta—derivados del trance que le ha tocado pasar, confesó que lo que le mantiene viva desde el día de autos es la esperanza de ver al verdugo de su hija condenado por asesinato.

"¡Lo que estoy pasando es un auténtico infierno, no se lo deseo ni a mi peor enemiga!", indicó la mujer, que desde lo ocurrido se encuentra sometida a tratamiento psiquiátrico y padece otra serie de problemas de salud añadidos, entre ellos hipertensión, a causa del trance que le ha tocado vivir.

Malestar por el trato a su hija.

Su marido, José Joaquín Mayo, con la voz entrecortada por la emoción, aprovechó la ocasión para expresar su solidaridad con los familiares de otras víctimas de la violencia de género y también para, coincidiendo con su mujer, hacer un llamamiento para que "a todos los asesinos les caiga la pena máxima y les tengan en la cárcel para el resto de su vida".

El matrimonio también tuvo palabras de reproche para determinadas informaciones aparecidas en los medios de comunicación en las que, según denunciaron, se realizaba un tratamiento peyorativo de la imagen de su hija. "Se dice que era nigeriana, cuando en realidad está nacionalidad española, y una serie de cosas como si ella, al final, hubiera sido la responsable de su propia muerte", censuró José Joaquín Mayo, que animó a los medios de comunicación a centrar su atención sobre la persona del presunto asesino.

Por su parte, la letrada de Adavasymt Isabel Palomino, que ejerce una de las dos acusaciones particulares personadas en la causa, expresó su propósito de demostrar a lo largo del proceso judicial que el acusado cometido un delito de asesinato, merecedor de una pena de 30 años de prisión, mientras que la presidenta del colectivo, Conchi Minayo, recordó que la violencia machista es una lacra que, entre todos, es posible erradicar "pero para ello es necesario creérselo" y adoptar, puntualizó, una serie de medidas, entre ellas introducir la prevención en esta materia como asignatura obligatoria en los colegios.

El procesado se enfrenta a penas que oscilan entre los 15 años de prisión por delito de homicidio que pide el Ministerio Fiscal y los 25 y 30 que solicitan por asesinato los padres de la víctima. Por su parte, la defensa interesa la libra absolución —entiende que la muerte fue accidental— y, alternativamente, tres años por homicidio por imprudencia.

Los hechos se remontan a la tarde del 12 de septiembre de 2008 cuando la víctima concertó un encuentro con David A.S. en el domicilio de ella, en el número 8 de la calle Manuel Silvela, donde le comunicó su decisión de poner fin a la relación sentimental que mantenían durante varios meses debido a su propósito de volver con su antiguo novio.

Sin embargo, las acusaciones sostienen que el procesado, que cuenta con numerosos antecedentes policiales y penales y que había salido de prisión el día anterior a los hechos objeto de juicio, reaccionó de forma violenta y tras agredir a la joven con los puños y causarle lesiones en la zona malar izquierda que la dejaron aturdida le propinó un fuerte golpe en la cabeza con un objeto romo que le produjo una fractura craneal y una herida inciso contusa.

Incremento del dolor y la agonía

Acto seguido, siempre según la tesis de los padres de Eki María, el acusado arrastró a su víctima, semiinconsciente y desangrándose, y la introdujo en la bañera de la vivienda con el fin de "incrementar deliberadamente la agonía y el dolor, tras agonizar como consecuencia del hematoma subdural intracraneal producido".

Mientras tanto, el joven se dedicó a limpiar la sangre con una fregona y productos de limpieza, ordenando posteriormente la casa. Una vez hubo terminado, "con el fin de rematarla la golpeó de nuevo en la cabeza con el mismo objeto romo, haciéndolo con tal intensidad que le produjo una herida de cinco centímetros".

Más tarde, David A.S. introdujo el cuerpo sin vida de la joven en posición fetal en una maleta-troley de 70 por 50 centímetros que había en el domicilio y a bordo de un turismo alquilado la trasladó hasta las cercanías de Tariego de Cerrato (Palencia) para deshacerse del cadáver. Allí, en una zona de difícil acceso, concretamente en una nave del paraje Collantes de Tariego, depositó la maleta enterrada entre ladrillos y pajas.

Los acusadores mantienen que el presunto asesino se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando acometió a su novia y que no padecía alteración mental alguna, además de que no hay evidencias de que se encontrara bajo los efectos de sustancias que modificaran o anularan su imputabilidad a efectos penales.