El Ayuntamiento de Arévalo (Ávila) ha suspendido el cobro de las tasas de depuración "tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ratificó que el PP no había actuado conforme a la legalidad", según anunció el PSOE en un comunicado.

Los concejales del Grupo Municipal Socialista de Arévalo se han mostrado "satisfechos" por la decisión del equipo de Gobierno de suspender el cobro de las tasas de depuración correspondientes al primer y segundo trimestre del ejercicio 2009.

"Una decisión que debería haber tomado en el mismo momento de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que aseguraba que el equipo de gobierno no había hecho bien las cosas y daba la razón al Grupo Municipal Socialista, que tantas veces ha denunciado la nefasta y oscura gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arévalo", señalaron.

"Aún así, estamos satisfechos porque los vecinos van a recuperar parte de sus derechos, vulnerados por el equipo de gobierno", añadieron. Para los socialistas, "esta decisión llega tarde, y lo que es peor, va a seguir costando dinero a los vecinos de Arévalo por la doble forma de actuar del PP", ya que el alcalde, Vidal Galicia, interpuso recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaraba nulos los acuerdos de los plenos en los que se aprobaron los precios de las tasas.

"No entendemos que el equipo de Gobierno primero emprenda medidas legales para recurrir una sentencia, con el coste económico que esto supone para el Ayuntamiento, y luego, más tarde, decida en sede municipal anular los cobros", indicaron antes de considerar su decisión "un ejercicio de poca responsabilidad" con los vecinos de Arévalo.

En este sentido, manifestaron que esperan que "el equipo de Gobierno no siga adelante con el recurso, puesto que las arcas municipales no están en su mejor momento", y creen que es urgente que el PP "asuma la devolución de los recibos cobrados correspondientes a los tres trimestres de 2008, que suspenda el cobro del tercer y cuarto trimestre de 2009 y que agilice la puesta en marcha de las nuevas ordenanzas fiscales para regularizar la situación fiscal del consistorio".

"El equipo de Gobierno debe reflexionar y, en un ejercicio de responsabilidad, acatar las consecuencias de una decisión que se tomó a sabiendas de que no era legal", añaden.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que "lo justo para los vecinos es que se les reembolse el dinero cobrado indebidamente, y que si es necesario, sean el alcalde y los concejales del PP los que abonen ese coste de su bolsillo", y calculan que "cada trimestre asciende a una cantidad de más de 100.000 euros que el equipo de gobierno tiene que gestionar, esta vez de forma coherente, para evitar un nuevo hurto de los derechos ciudadanos".