La acusación particular pide 13.500 euros de multa para cada uno de los seis vecinos de la urbanización pontevedresa de Monte Porreiro acusados de supuestas faltas de coacciones, amenazas e injurias a tres familias gitanas de O Vao para impedir su realojo, en pisos comprados por el Ayuntamiento de Poio en este barrio.

En concreto, el abogado de las familias gitanas pidió 9.000 euros de multa por cada una de las faltas denunciadas: coacciones, amenazas, injurias y desórdenes públicos; y otros 4.500 euros por desordenes públicos.

Por su parte, el fiscal, que inicialmente no había formulado acusación, solicitó hoy para cuatro de los seis acusados, 150 euros de multa a razón de 10 euros cada día durante los 15 días que duraron las movilizaciones de marzo de 2008.

La de hoy fue la cuarta vez que se convoca la vista oral, ya que en las anteriores fue aplazada por distintos motivos, entre otros, que uno de los encausados, que en aquel momento residía circunstancialmente en el barrio, es vecino de Badajoz, y no pudo desplazarse a Pontevedra por razones de salud.

Aunque hoy en el juicio no pudieron atribuir actuaciones concretas a cada acusado, diferentes miembros de las familias gitanas afectadas fueron relatando como "muchos vecinos" de Monte Porreiro se concentraban a diario ante los pisos donde fueron realojados, tras derribarse por orden judicial sus chabolas de O Vao.

"nos gritaban gitanos de mierda"

"Nos gritaban gitanos de mierda, no nos dejaban vivir y temíamos por nuestras vidas", afirmó María Magdalena Salazar, "nos tiraban piedras, palos y petardos", añadió.

Frente al testimonio de las familias gitanas, que insistieron en que se sintieron "perseguidos, amenazados e insultados", y reiteraron que tenían "mucho miedo" pero no llamaron a la policía. "Ya llamamos a los nuestros de la asociación", dijeron, mientras que los acusados admitieron su participación en las concentraciones, aunque negaron los insultos y amenazas.

El portavoz de la Asociación de Vecinos El Mirador de Monte Porreiro, Ángel Mario Lago, se mostró dolido porque se les acusase de actitudes racistas cuando en esa urbanización "hay familias gitanas desde hace muchos años, y son unos vecinos más que están completamente integrados".

Lago, así como el resto de acusados, insistieron en que las movilizaciones pretendían expresar ante las administraciones las quejas vecinales ante unos "realojos ilegales".

Los encausados insistieron en que al estado de crispación contribuyó el convencimiento de que se trataba de realojar en Monte Porreiro a familias procedentes de un asentamiento donde el tráfico de drogas está policialmente reconocido.CONDENA

Precisamente una de las denunciantes, María Magdalena Salazar Suárez, está cumpliendo una condena de tres años y dos meses de prisión por un delito contra la salud pública, según apuntaron.

Varios agentes de la Policía Local de Pontevedra fueron citados a este juicio, y todos ellos coincidieron en señalar que no apreciaron actitudes reprobables en los manifestantes que, según los agentes, gritaban "gitanos sí, drogas no", así como otro tipo de consignas "normales de una manifestación".

El caso está pendiente de la decisión judicial, de absolver o condenar a los acusados a multas que, en ese caso, concretará la jueza.