El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha afirmado este viernes que el "nuevo" capítulo de tensiones entre Ejecutivo y los cabildos insulares a cuentas de la financiación no se va a dilatar en el tiempo "por falta de voluntad y escenarios para el diálogo" y precisó que no van a continuar "estas tensiones, que no provoca ni de lejos el Gobierno de Canarias".

Marrero explicó en rueda de prensa tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife que el escenario económico no sólo es "difícil" para las administraciones locales e insulares sino también para la Comunidad Autónoma en relación a sus competencias. Por ello planteó que "es aconsejable el diálogo y la lealtad institucional".

En esta línea, indicó que el diálogo debe ser "más reforzado" ante la actual situación y dijo que ello debe producirse "con independencia de que sea uno u otro miembro del Gobierno" quien negocie. Se posicionaba así sobre la petición de que sea el presidente, Paulino Rivero, y no el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria quien dialogue con las corporaciones insulares.

Insistió en que el diálogo está abierto y que "no conviene tensar más las relaciones entre las administraciones". Además recordó que entre cabildos y Gobierno se han dado "episodios recientes" en donde las aguas "han vuelto a su cauce". Por ello, expuso que en esta ocasión "volverá a ocurrir lo mismo".

Decisión por tomar

En este punto el portavoz del Ejecutivo regional expuso que no se ha tomado una decisión al respecto de que sea Rivero y no Soria quien dialogue con los cabildos. Aquí expuso que el presidente "no tiene inconveniente" de ser "receptivo" de las demandas. Dijo que lo ha hecho durante toda la legislatura pero recalcó que "no se ha definido el interlocutor".

La Federación Canaria de Islas (Fecai) decidió el pasado miércoles que presentará un contencioso-administrativo contra el Gobierno de Canarias si éste incumple con el bloque de financiación y no reconoce que en cumplimiento de la normativa debe abonarles 75 millones de euros.