Según explicó el viceconsejero del área, Ángel González, en rueda de prensa, estas plazas se reparten entre 46 centros que cuentan con acreditación definitiva y 106 que disponen de acreditación provisional mientras solucionan incumplimientos de carácter leve en base al decreto de 2002 relativo a condiciones de seguridad y calidad, que se han comprometido a subsanar.

Del mismo modo, explicó que hasta la fecha se han recibido un total de 220 solicitudes de las que ya han sido evaluadas 152, y el resto están en tramitación. Al mismo tiempo, dijo que todavía se siguen incorporando centros a la solicitud de acreditación, tanto nuevos como aquellos que la vuelven a pedir tras habérsela denegado inicialmente.

Ángel González reseñó que la solicitud de acreditación es una decisión "voluntaria" aunque indispensable para poder optar a estar dentro del sistema. Al respecto, recordó que al igual que en Salud y Educación, los centros de asistencia pueden ser públicos, privados concertados (con acreditación) o privados, y señaló que estos últimos quedan al margen del Sistema de Atención a la Dependencia.

Asimismo, remarcó que la acreditación pretende garantizar las condiciones óptimas de seguridad y calidad para la asistencia a las personas, y por tanto incidió en que el cumplimiento del Decreto no es un tema menor.

Por ello, aunque aseveró que se trata de situaciones puntuales de una "minoría", reconoció que existen algunos centros que no cumplen con requisitos básicos como tener ascensor, puertas por las que pasen las sillas de ruedas o duchas adaptadas en los baños.

No obstante, quiso evitar la alarma social, y afirmó que la inmensa mayoría de los centros cumplen los requisitos y aquellos que tienen que realizar reformas las asumen "sin dificultades". En concreto, indicó que de las más de 13.000 plazas que hay en Asturias entre centros públicos y privados, menos de 2.000 tienen dificultades para cumplir con el decreto vigente y se encuentran en menos de 50 centros de pequeño tamaño, siendo menos de una docena las que corren riesgo de cierre si no realizan obras.

El viceconsejero recordó que el proceso de solicitud de acreditación, tras dos años de situación provisional, se abrió en junio de 2009 y se cerró en diciembre, teniendo la Administración hasta junio para la resolución. Además, animó a los centros a solicitar la acreditación y reconoció el esfuerzo inversor que están realizando la mayoría para adaptarse.

De este modo, lamentó que haya una minoría que "con mala fe" y apoyándose en "la mentira" diga que se deniegan acreditaciones por temas menores, como la pintura de la pared. "No puede ser que quien se quiera pasar la norma a la torera pretenda estar al mismo nivel que quien cumple los requisitos", reprochó.

González recriminó, además, que haya quien pretenda "seguir abusando" de las personas mayores o dependientes. Así, afirmó que la Administración será "contundente" con aquellos que incumplan intencionadamente criterios de seguridad y calidad.

Finalmente, el viceconsejero aseguró que el Principado es una de las comunidades más implicadas en el desarrollo de la Ley de Dependencia, y resaltó que en Asturias las ayudas económicas a las familias suponen un 50%, frente al 80% de otras comunidades como Murcia. Así, afirmó que se está trabajando para priorizar los servicios frente a las prestaciones económicas.