La Fiscalía de Medio Ambiente comunicó a la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) la admisión a trámite de la denuncia contra el proceder del actual presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, por su proceder en la declaración de impacto ambiental de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo, Lugo) en 2005.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de la comisión de urbanismo de la organización ecologista, Daniel Vispo, expresó su deseo de que el juez actúe "con libertad" y que "investigue a fondo" para que "se depuren responsabilidades".

Según recordó, Álvarez-Campana, que en 2005 era director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, está acusado de un posible delito de prevaricación medioambiental y de otro de prevaricación urbanística.

Vispo advirtió de que éste "no es un caso aislado" y que completarán esta denuncia con otras que presentarán próximamente vinculadas también a decisiones de Álvarez-Campana. "No se puede tratar al territorio de esta forma", manifestó, convencido de que "no es aceptable" promover plantas de acuicultura en espacios de la Red Natura.

Aparte de la afectación a hábitats prioritarios, consideró que la piscifactoría que se proyectaba construir en Rinlo suponía una ruptura del "contrato social" con los ciudadanos, al señalar que a los propietarios de esos terrenos se les limitaron los usos que la Administración gallega entonces pretendió efectuar.

"más que indicios de un delito"

En un comunicado, Adega precisó que se limitó a poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos y la documentación de un caso en el que, a su juicio, había "más que indicios" de un delito de prevaricación.

La ubicación de la planta proyectada en Rinlo al lado del lugar de interés comunitario (LIC) de As Catedrais, implicaba —aseguró— una "afección significativa" al estado de conservación de hábitats prioritarios de la Red Natura 2000.

También señaló que el Tribunal de Xustiza de Galicia reconoció, en la sentencia que anuló la declaración de impacto ambiental, el riesgo de generar un daño ambiental irreversible.

"cese inmediato"

El Código Penal, como recordó, castiga en los casos de prevaricación ambiental y urbanística, a quien haya informado, adopte el acuerdo o resuelva sobre un asunto injustamente a sabiendas. Así, interpretó que, de haberse cometido un delito, Álvarez-Campana es responsable directo.

Por las actuaciones concretas en Rinlo y otros casos similares que, auguró, surgirán a partir de ahora, la organización ecologista solicitó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, el "cese inmediato" del presidente de Portos de Galicia.