El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, denunció hoy que en el proceso de selección del presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa -plaza que quedó desierta el pasado 24 de marzo-, se incurrió en "graves irregularidades", y pidió el apartamiento de los vocales del CGPJ, Margarita Uria y de José Manuel Gómez Benítez, de esta designación porque, si no, podrían recusarlos.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en el Palacio de Justicia de Bilbao, García anunció que el ex vocal del Consejo Juan Pablo González, asociado a la APM, volverá a presentar su candidatura para ocupar este cargo y explicó "las irregularidades" que, en su opinión, se cometieron en el anterior proceso de selección para evitar su elección.

En este sentido, reprochó el informe realizado por Gómez Benítez sobre la candidatura de González, el también elaborado por el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga, de "descalificación" al candidato y que fue "respaldado" por el Consejo General de la Abogacía, y las declaraciones de Margarita Uria en los medios de comunicación sobre su rechazo a la candidatura del asociado de la APM.

El portavoz de la asociación judicial, en nombre de la Sección territorial en el País Vasco, solicitó "públicamente que Doña Margarita Uria Etxebarria que se abstenga por propia voluntad y se mantenga completamente al margen del procedimiento de designación del presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa".

En este sentido, argumentó que "concurren elementos que justifican, de forma suficiente, la existencia de una sospecha objetiva y debidamente fundada, de pérdida de imparcialidad y que sugieren, de forma razonable, que su actuación podría adolecer de predisposición y prejuicio contrarios a la posible designación, como presidente" de Juan Pablo González.

Además, hizo "igualmente extensiva" esta petición a José Manuel Gómez Benítez, "cuya predisposición contraria a la eventual designación de nuestro asociado queda demostrada por su actitud en la comparecencia pública" de los aspirantes en el CGPJ para explicar su programa, y en el informe que redactó "en su condición de ponente".

"En ambos casos es palpable que el señor Benítez no consignó ni apreció las circunstancias favorables al candidato y que se centró y destacó, en exclusiva, las que, en principio, podrían resultarle adversas, lo que pone de manifiesto su actitud prevenida y prejuiciada", apuntó.

En caso de que no se atiendan sus peticiones, Antonio García afirmó que aconsejarán a González "que valore y pondere la conveniencia de proceder a la recusación, en tiempo y forma, de ambos vocales, poniendo a su entera disposición" su Gabinete de asistencia y defensa jurídica.

A su juicio, existen elementos que permiten, "no de una manera arbitraria, caprichosa o infundada", solicitar la abstención y apartamiento de estos dos vocales. De no ser así, podrían plantear su recusación, al considerar que hay "elementos que lo fundan", y que, "llegado el caso", permitirían "sostener la interposición, con fundamento jurídico, de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo".

"Si Juan Pablo González, una vez que nos ha manifestado su intención de presentar su candidatura, se ve envuelto en el proceso y, finalmente, como yo he manifestado, estas peticiones no se atienden, y él, que lo tiene que valorar realmente, comparte nuestro punto de vista, nosotros le ayudaremos a promover en debida forma la recusación", apuntó.

El representante de la APM coincidió con José Manuel Gómez Benítez hace unos días en unas jornadas que la asociación judicial organizó en Málaga y le trasladó que no les parecía que el anterior procedimiento se hubiera desarrollado "con plenas garantías", lo que les preocupaba que esto pasara en el CGPJ. "Y que era más que previsible que nuestra asociación hiciera algo", subrayó.

Antonio García, que eludió explicar si cree que detrás de todo esto puede haber motivaciones políticas, sí aseguró que "la atmósfera que hay en la opinión pública es de que, para el sector nacionalista de este país, hay personas que están absolutamente incapacitadas para ejercer determinadas funciones en puestos de máxima relevancia, importancia y responsabilidad institucional en el seno del colectivo judicial".

De esta forma, recordó que ningún representante de la APM ha sido elegido en los últimos procesos de selección a cargos importantes para los órganos judiciales vascos, y que los miembros de esta asociación no ocupan ni la presidencia del TSJPV ni la de las tres Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma.

También recordó que la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, se ha caracterizado en Euskadi por la comprensión que ha tenido hacia "la pluralidad y la tolerancia". "Qué se nos reprocha?", preguntó, para instar a quien piense lo contrario a que lo diga públicamente.

Colegios de abogados de bizkaia

El magistrado anunció también que a la APM se dirigirá a la Junta del Colegio de Abogados de Bizkaia para exigir "la rectificación inmediata" de los contenidos del informe del pasado 17 de marzo por el decano de abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga, con el objetivo de que se "restaure el crédito público y la reputación profesional" de Juan Pablo González.

Además, solicitará "la censura" del decano "por haber desfigurado la realidad de los hechos, así como por las descalificaciones personales y profesionales vertidas en dicho informe, manifiestamente descorteses y carentes de la más mínima justificación".

"Y, para el caso de que nuestra solicitud no sea atendida, la asociación territorial de la APM anuncia ya, en este mismo momento, la ruptura de todo tipo de relaciones, en tanto el actual decano permanezca en el puesto", destacó.

Además, la Asociación Profesional de la Magistratura se pondrá en contacto con la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española, "para que, y dado el contenido del informe que emitió su secretario general técnico", de apoyo al documento denunciado, "disponga lo necesario al objeto de esclarecer las circunstancias y fuentes de conocimiento de que trae causa lo que en ese informe se asevera en relación con nuestro asociado, procediendo, por incierto, a su inmediata y urgente rectificación".

Asimismo, propondrá a la Sala de Gobierno del TSJPV que "acuerde dirigirse al CGPJ" para poner de manifiesto "que la regulación del convenio marco de colaboración suscrito con el Consejo General de la Abogacía Española adolece, en lo concerniente a los informes sobre nombramientos de miembros de la carrera judicial, de una manifiesta vaguedad y que las garantías brillan por su ausencia, tratándose como se trata de un juicio a los jueces que puede repercutir negativamente en su carrera profesional".

A su entender, esto "debe ser urgente y convenientemente corregido, a través del oportuno desarrollo procedimental y la implantación de unos criterios de actuación que doten al proceso de seguridad jurídica y eliminen los eventuales y posibles riesgos de arbitrariedad".