ELA criticó hoy que el proyecto de ley foral del derecho a la vivienda en Navarra "supone una pérdida de oportunidad para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para todas las personas" y valoró que "para nada va a cambiar la estructuración del mercado de la vivienda".

Así lo expusieron hoy en rueda de prensa los responsables del Gabinete de Estudios de ELA Julene Gabiola y Mikel Noval, y el coordinador del sindicato en Navarra, Mitxel Lakuntza, quienes insistieron en que la nueva norma "no cambiará la dificultad de la mayoría de la sociedad para acceder a una vivienda digna y adecuada".

En cuanto a la reducción de los tipos de vivienda protegida, de cuatro a dos, Gabiola rechazó "la figura de la vivienda tasada y que la ley posibilite tamaños distintos de viviendas públicas en función de su precio". Así, reivindicó una "utilización racional y óptima del suelo".

Gabiola, asimismo, abogó por que el periodo de régimen de protección de las viviendas públicas "no caduque". "El proyecto de ley establece un periodo de 30 años, de forma que a partir de ese espacio de tiempo será posible especular con la vivienda", criticó.

Además, aunque valoró "muy positivamente" incentivar el uso del alquiler de las viviendas vacías, censuró que con la fórmula planteada en el proyecto de ley, "la parte propietaria se beneficia de todas las ventajas que supone la intermediación del Gobierno". "Proporcionarles el mismo alquiler que el de las viviendas libres es contribuir de forma excesiva a favor de los intereses privados", añadió.

Por su parte, Lakuntza censuró el hecho de que la norma "no recoja expresamente el derecho a acceder a una vivienda digna", de forma que las personas puedan "reclamarlo judicialmente".

Asimismo, lamentó que el debate de la norma se oriente hacia la enmienda que en un principio consensuaron UPN y PSN referida a la creación de cooperativas por parte de personas adjudicatarias, "cuando el problema de la vivienda es que no se garantiza ese derecho".

Finalmente, Lakuntza destacó el "peligro" de esta enmienda, ya que "se puede dar el caso de que las entidades privadas fomenten estas cooperativas, no respeten los criterios y requisitos de adjudicación de las viviendas protegidas".