El consejero de Familia, César Antón, quien compareció junto al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, informó de este acuerdo cuyas bases fueron establecidas por Junta, sindicatos y patronal en el marco del Diálogo Social el pasado 28 de diciembre.

El acuerdo detalla las características y los beneficiarios de esta prestación social periódica de carácter económico, cuyo objetivo principal es proporcionar a los ciudadanos en situación de exclusión social los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas y que supondrá una inversión anual de entre 21 y 35 millones de euros.

La Renta Básica de Ciudadanía fija como cuantía básica mensual de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 425 euros al mes, una cantidad que se verá incrementadas según las cargas de las unidades familiares, por lo que se podrá alcanzar un máximo de 692 euros al mes, lo que supone el 130 por ciento del IPREM.