La Benemérita cree que Curbelo "pudiera ser participe en un presunto delito de tráfico de influencias", de igual forma que lo hace con el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de la Gomera, Antonio Javier Trujillo Bernal.

Consideran que el presidente del Cabildo insular además de que "podría haber incurrido en un supuesto delito de tráfico de influencias" también podría verse acusado de "otro delito de prevaricación", según explica el citado informe que obra en poder del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián de La Gomera.

La investigación considera a Trujillo como el "director político" del plan de ordenación anterior al 2002 en la isla, "lo que implica que ha tenido que mantener relación directa con el equipo redactor de Gesplan, relación o influencia que ha debido realizar en su propio beneficio y en el de terceros".

"Tampoco puede obviarse —señala— la relación existente [en aquella fecha] entre el presidente del Cabildo insular Casimiro Curbelo y el propietario de los terrenos ubicados en el paraje 'Caserío de Aluce' (Ramón Arteaga Álvarez) que se encuentra parcialmente inserto en zona de Reserva Natural de Puntallana".