Los dos responsables municipales, que se negaron a contestar a las preguntas de las acusaciones particulares —ejercidas por el PP, Los Verdes, Adobe y Ecologistas en Acción— se enfrentan a una petición fiscal de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros por dos delitos contra la ordenación del territorio y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos.

Según explicaron hoy en el Juzgado de lo Penal 3, el Ayuntamiento subsanó las "observaciones" que les hizo sobre el plan parcial en el que se edificaría el Nevada la entonces Delegación de Obras Públicas y Transportes en un informe de fecha 25 de mayo de 2005. Tanto Morales Cara como Cañavate coincidieron en que este documento de la Junta de Andalucía contenía "errores", por lo que, en una reunión con los técnicos, éstos se aclararon, y se pidió un nuevo informe "sin que hasta hoy ese plan parcial haya sido impugnado".

Así las cosas, el 19 de julio de 2005 se propuso a la Junta de Gobierno Local la aprobación definitiva del plan, que estaba "condicionada" a tres aspectos: que el vial anexo se ampliara a 12 metros, que los aparcamientos tuvieran carácter público, y que todo lo que se construyera bajo rasante fuera destinado a estacionamiento.

El ex concejal y el ex regidor dijeron desconocer un informe jurídico elaborado por el letrado del Ayuntamiento acerca de la posible ilegalidad del plan cuando se aprobó la concesión de licencia —el 30 de septiembre de 2005— y aseguraron que en la Junta de Gobierno Local el propio secretario advirtió verbalmente de que no se había redactado ese informe pero no de que se podía estar incurriendo en una irregularidad.

"Si lo hubiera visto no me vería aquí hoy acusado, porque además ese informe contenía manifestaciones que eran perfectamente salvables", señaló Morales Cara, quien incidió en que otros proyectos importantes para el municipio —como un centro de iniciativas empresariales en el Campus de la Salud y un centro de transformación— tampoco contaron con ese informe jurídico.

Para el alcalde, la licencia que se le concedió al promotor Tomás Olivo no fue nula, ya que se basaba en un plan parcial que no había sido recurrido por ninguna administración y los técnicos municipales no habían apuntado su posible ilegalidad. Por ello, votó "en conciencia" de que no se estaba cometiendo ninguna irregularidad con el Nevada y convencido de que era un proyecto "bueno" e "importante" para los ciudadanos de Armilla.

"El Centro Comercial Nevada tuvo el apoyo de todos los partidos políticos. Desde que empezó a tramitarse en 1996 hasta 2006 —fecha en que la Junta presentó un contencioso contra la licencia— no hubo oposición, fue todo un beneplácito tanto de la sociedad como de la administración", añadió por su parte Cañavate.

Tomás olivo:

Amplié el proyecto por imposición externa

En la sesión de hoy también declaró Tomás Olivo, quien sorprendió a la Fiscalía contestando que fue la Comisión Asesora de Comercio Interio (CACI), dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la que le "recomendó" al denegarle en primera instancia la licencia comercial que hiciera un proyecto "más grande" de "carácter comarcal". "¿Me está usted diciendo que amplió el Nevada por recomendación externa?", le preguntó el fiscal, a lo que Olivo contestó: "Sí, fue por imposición externa, nos lo denegaron por pequeño y nos vimos en la necesidad de comprar más suelo".

Olivo, que aseguró además que lo construido hasta hoy día —que fue paralizado por orden judicial— se corresponde con lo que proyectó en el 96, se quejó en varias ocasiones de llevar más de diez años "sufriendo" el Nevada y dijo que si hubiera tardado lo mismo en edificar los 58 centros comerciales que ha levantado por toda España "tendría ya mil años". "Tengo muchos, pero no tantos", bromeó el promotor, quien negó que el de Armilla sea un "mamotreto". "Si el edificio se acaba, le van a dar seguro un buen premio", auguró.

También se refirió Olivo a las razones que le llevaron a revestir la fachada de mármol verde cuando las obras ya se habían paralizado. "El Juzgado de lo Contencioso nos autorizó a acabar la fachada y a hacer la red contra incendios pero Del Arco —el juez instructor del proceso penal— nos obligó a parar todas las obras", se defendió el promotor, que está acusado de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación. "Yo no desobedezco jamás a nadie y mucho menos a la autoridad competente", afirmó.

Olivo aludió además a los asuntos pormenorizados puestos en cuestión, como la rasante que, según su versión, siempre fue la misma y no se rebasó en ningún momento; los espacios libres sobre los aparcamientos, "donde el Ayuntamiento podrá hacer lo que quiera"; las escaleras de emergencia que invadieron espacios libres que "como todas las de este país tendrán que evacuar a la acera"; y una zona de unos 800 metros que fue invadida, que sí reconoció que fue por un "error" en el replanteo. "A pesar de eso, parece que nosotros somos ahora los peores", lamentó el promotor, que negó además haber presionado a los responsables municipales. "¿Cómo voy a presionar si llevo 15 años con este proyecto?", espetó.

Para mañana está prevista la declaración del arquitecto de la promotora Galerías Comerciales y la de dos acusados más. Esta semana, las sesiones se prolongarán hasta el viernes y la próxima se han fijado para los días 28, 29 y 30. En total son once los procesados, además de Morales Cara, Cañavate y Olivo -también imputado en el caso Malaya_cuatro concejales de la corporación armillera, un abogado, una letrada de Diputación y dos arquitectos más.