El anterior lehendakari, Juan José Ibarretxe, trató de celebrar el 25 de octubre de 2008 una consulta popular en la que pretendía cuestionar a los ciudadanos sobre un final dialogado del terrorismo y sobre el derecho a decidir.

La consulta no se celebró, al ser prohibida por el Tribunal Constitucional, una decisión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos refrendó el pasado 9 de febrero.

En su respuesta por escrito al PSE, López explica que "existen muchas dificultades para determinar las partidas individuales correspondientes a la consulta". El lehendakari recuerda que el referéndum "era el último paso del programa propuesto por el lehendakari Ibarretxe en el pleno de debate de Política general el 28 de septiembre de 2007".

López señala que en dicho debate, "Ibarretxe planteó su 'hoja de ruta', en la que explicita cuatro pasos consecutivos, todos ellos como elementos que conformaban un mismo proyecto". El tercero de estos pasos era la referida consulta.

El presidente del Gobierno vasco recuerda que los tribunales de justicia "impidieron la materialización de la consulta". Además, señala que "resulta difícil delimitar cuales fueron los gastos producidos imputables de forma expresa a la consulta, ya que, como se dice, éste era un paso de más de un proyecto más amplio".

Como ejemplo, manifiesta que el 9 de octubre de septiembre de 2008 se produjo un encuentro con los miembros de los denominados 'foros de participación' de Mungia (Bizkaia). López considera que este "es sin duda un acto que defiende e impulsa la consulta, pero que pertenece a otro programa más amplio, 'Konpondu', creado para impulsar el conjunto de la 'hoja de ruta'" de Ibarretxe.

López afirma que las dos partidas de gasto más importantes como gastos específicos ocasionados por el referéndum ascendieron a 5,1 millones de euros. Dichas partidas se incluían en los presupuestos del Departamento de Interior y correspondían a gastos electorales, aunque "no llegaron a ejecutarse" al no realizarse la consulta.

Por otra parte, el lehendakari subraya que en octubre 2007 el Gobierno de Ibarretxe encargó una encuesta sobre 'La Propuesta del Lehendakari Ibarretxe para abordar la solución del conflicto vasco.

En la respuesta de López se explica que la empresa Gizaker S.L. fue la encargada de realizar dicho estudio telefónico, entre el 19 y el 20 de octubre de 2007, por un importe de 16.872 euros.