El Bloque Nacionalista Galego (BNG) inició hoy varias acciones encaminadas a "consolidar el derecho" del colectivo de docentes a la jubilación voluntaria a los 60 años de edad, de manera que registró en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno central a que comience la revisión para la consolidación de este precepto recogido en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y presentó una propuesta de ley para hacerlo efectivo.

En rueda de prensa hoy en Santiago, acompañada por el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, la diputada nacionalista en las Cortes Generales Olaia Fernández Davila explicó que la ley vigente obliga a revisar este derecho antes de 2011, pero —lamentó— "no existe ninguna actuación ni comunicación" con las comunidades autonómicos.

En este sentido, los nacionalistas piden en su iniciativa de impulso al Ejecutivo que "proceda a revisar el periodo de aplicación del régimen de jubilación voluntaria" de los funcionarios de los cuerpos docentes, para que se regule con "vocación de permanencia y, en consecuencia, se le otorgue carácter indefinido".

Fernández Davila indicó, tal y como incluye en la disposición de motivos de la proposición, que la posibilidad de acogerse a la jubilación voluntaria se legisló en las diferentes normativas educativas desde que en 1990, si bien se empezó a aplicar en 1992. Además, recordó que en el caso de su incorporación como disposición transitoria en la LOE, fue el entonces diputado en Cortes Francisco Rodríguez el que impulsó una enmienda que fructificó y que recibió las "felicitaciones" de los docentes desde muchos puntos del Estado.

Por ello, y dado que se trata de una "demanda muy sentida" por este colectivo, explicó Davila, el BNG retoma el impulso de esta cuestión para "consolidar lo que ya es un derecho" y que, apostilló Louzao en su intervención, "no es un privilegio". Para argumentar esta postura, ilustró con los datos de profesorado que se acogió a esta posibilidad en 2009, que fue del 33,3 por ciento de media en Primaria y Secundaria, y concluyó que "si fuese un privilegio", este dato alcanzaría "el 100 por cien".

Crea empleo

El secretario nacional de CIG-Ensino, que agradeció la "receptividad" del BNG al respecto de esta cuestión, destacó que esta medida también supone una forma de "crear empleo", puesto que en el cuerpo docente las plazas vacantes "se cubren", no como ocurre en ocasiones "en las empresas privadas", apuntó.

Asimismo, subrayó que permite incorporar a la enseñanza un profesorado "entre comillas, menos quemado" y que tiene mayores conocimientos de las nuevas tecnologías, al tiempo que permite "ahorrar" a la Administración educativa los incentivos por trienios y sexenios.

Por ello, demandó que "de una vez se consolide el derecho" para el profesorado, puesto que se trata de una de las "principales preocupaciones" del cuerpo de docentes y avisó de que en el pacto por la educación que promueve el Ejecutivo central debería tenerse en cuenta esta petición.

Por otro lado, Fernández Davila manifestó que esta defensa del BNG se enmarca en el rechazo de la formación nacionalista a extender la edad de jubilación a los 70 años para el conjunto de los trabajadores. Al respecto, recordó que ya existe la posibilidad de prolongar hasta esa edad la actividad laboral, pero aseguró que el Bloque "no está dispuesto a negar el derecho" a jubilarse a los 65.

Propuesta de ley

En la proposición de ley, los nacionalistas recoge que podrán optar a la jubilación voluntaria los que hayan permanecido ininterrumpidamente en activo los 15 años anteriores, que hayan cumplido 60 años y que 15 estén acreditados de servicios efectivos al Estado.

Además de establecer diferentes criterios sobre la cuantía de pensión, también apunta que podrán acogerse a este derecho los funcionarios de los cuerpos de inspectores de educación, inspectores de Administración educativa y directores escolares de enseñanza primaria.