Así de tajante se mostró, en declaraciones a Europa Press, el presidente de esta asociación, Alfredo Pérez, quien señaló que en el pasado proceso de escolarización 2008-2009 se detectaron "en torno a un 20 ó un 30 por ciento de solicitudes fraudulentas", las cuales, la Administración educativa "no persiguió aun sabiendo de dichos fraudes", por lo que se temió "algo parecido" cuando finalice el del presente año.

Según Pérez, lo peor del proceso de escolarización es, no obstante, que "la Junta de Andalucía mira hacia el tendido y para otro lado" mientras que los padres "tienen la sensación de que se comete fraude de forma generalizada", algo que les genera "mucha impotencia, la de ver que nadie, desde la propia administración, quiere atajar el problema, cuando en verdad es muy fácil de atajarlo", criticó.

Ésta es la razón por la que, según el presidente de Projusa, "muchas familias se ven obligadas" a tener que tomar medidas en el ámbito judicial. De hecho, "por cada línea educativa existente en un colegio, aproximadamente ocho o diez padres deciden ponerse en manos de un abogado y presentar un recurso", apuntó Pérez.

De ellos, el pasado año 2009, se "cazó" el fraude en cuatro o cinco solicitudes, lo cual, "implica que hay otros cuatro o cinco niños que se quedaron fuera y que pudieron entrar directamente en el colegio, pero también que pudiera haber otros cuatro o cinco casos de puestos escolares conseguidos con fraude y que la administración no los investigó".

Preguntado por la intención de la Consejería de Educación de colaborar con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que el fraude escolar sea considerado delito, el presidente de Projusa valoró esta iniciativa, pero advirtió de que nos les gustará la idea "hasta que esto no se haga efectivo de forma definitiva".

"Si se pone en marcha ya para esta escolarización, la sociedad habrá ganado mucho; pero si no, se convertirá en algo infinito y las familias quedarán desamparadas de nuevo", apuntó.

Por todo ello, la asociación ha decidido convocar una reunión para el próximo martes 27 de abril en Sevilla, a partir de las 18,30 horas en el Centro Cívico de la Buhaíra, "a la que están invitados todos los padres de centros públicos y concertados" de la comunidad que tengan dudas al respecto del proceso de escolarización y "que se sientan desamparados", explicó Pérez.

En ella, se realizará una puesta en común de los diferentes "problemas" de cada familia y se decidirá qué acciones se van a llevar a cabo en sucesivos encuentros. En ese sentido, Pérez adelantó que desde Projusa no se descartan las movilizaciones futuras.