Pérez señaló que la Consejería de Educación "no tiene que poner en marcha medidas novedosas" para regular el proceso de escolarización porque "se ha avanzado mucho en la transparencia" del mismo y "es mucho más garantista".
La responsable extremeña de Educación apuntó que las oficinas de escolarización, puestas en marcha a petición del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura en el marco del Acuerdo sobre Principios y Objetivos para la Ley de Educación de Extremadura (LEEx) "están mejorando la transparencia de todo el proceso".
No obstante, señaló que se necesita la colaboración de todas las administraciones competentes en el proceso de escolarización "para averiguar si se ha producido un fraude", por ejemplo, y según añadió, "la colaboración de los ayuntamientos es fundamental" en el caso de los empadronamientos.
Igualmente, indicó que las medidas sancionadoras para las familias que cometan fraude "están perfectamente tipificadas" y recordó que "falsificar un documento público es un delito", por lo que hizo un "llamamiento a la responsabilidad" y "cautela" de todas las familias ante el próximo proceso de escolarización.
Eva María Pérez explicó que si el objetivo de las familias es escolarizar a su hijo en el centro que han elegido como primera opción, "el objetivo de la Consejería de Educación es que su hijo esté escolarizado en el centro que haya elegido como primera opción". El problema, agregó, "es que cuando un centro tiene 25 plazas y 150 solicitudes", esto es "materialmente imposible".
La consejera de Educación realizó hoy estas declaraciones a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre las afirmaciones de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT Extremadura en las que pide el "reparto equilibrado" del alumnado de atención a la diversidad entre colegios públicos y concertados y alerta sobre "fraudes" en los certificados de empadronamiento o en la declaración de la renta para conseguir plaza en el centro deseado.
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