Según refleja el texto recogido por Europa Press, el Ayuntamiento debe recabar un informe técnico de un arquitecto o de los servicios técnicos del Consejo Comarcal o la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en este sentido. Previamente, la Ley obliga a paralizar las obras sin licencia, indican desde el Justiciazgo.

La institución solicita al alcalde, Alfonso Puertas, que le comunique en el plazo de un mes si acepta esta mediación, realizada después de que dos vecinos del pueblo presentaran una queja al no resolver el alcalde de forma favorable al escrito que, previamente, habían presentado en el Ayuntamiento para denunciar administrativamente el caso.

En su escrito, el Justicia indica que los denunciantes solicitaron información al Ayuntamiento de Torralba de Ribota para saber si la obra que se estaba realizando en un domicilio de la calle La Fuente tenía la pertinente licencia. La respuesta fue "insuficiente".

Según el Ayuntamiento, la familia denunciante, que no proviene de este municipio, tiene desde hace "unos años" una casa con corral a las afueras del pueblo con tejados y fachadas en mal estado.

Junto a esta vivienda hay otra "en muy mal estado, podría decirse ruinoso" y "que perjudicaba a las casas colindantes", ya que las ventanas estaban abiertas de forma permanente, los tejados carecían de tejas en alguna zona y la casa tenía goteras. Un vecino del pueblo compró esta casa ruinosa para rehabilitarla por completo.

Estas obras "tenderían" a mejorar el saneamiento del entorno, indicó la Alcaldía de Torralba de Ribota al Justicia. Según la Alcaldía, las personas que presentaron la queja ante el Justicia mantuvieron poca relación con los vecinos y pusieron "en conflicto la normal convivencia" de la localidad.

Ambos se dirigieron al alcalde de forma "ciertamente hostigadora" y con "insistencia", aunque "sin aclarar nunca los motivos". Asimismo, los dos rechazaron entrevistarse formalmente con el alcalde y la secretaria del Ayuntamiento en la sede consistorial "con excusas repetidas".

Los dos, siempre según la Alcaldía, enviaron un escrito mediante fax a la secretaría del Ayuntamiento a sabiendas de que estaba cerrada en el verano de 2009. Al día siguiente, le explicaron al alcalde, en la calle, que el fax aludía a un supuesto daño sufrido en su vivienda a consecuencia de las obras realizadas por su vecino.

El alcalde propuso un arreglo amistoso "para evitar conflictos de vecindad", lo que los dos ciudadanos rechazaron, ya que habían reclamado una cantidad económica al albañil y el seguro de este les había abonado una cantidad que les parecía insuficiente.

Los dos interesados buscaron la mediación del alcalde para obtener el mayor beneficio económico posible, según señalaron desde Alcaldía al Justicia, lo que el alcalde rechazó.

La Alcaldía comprobó que el expediente de solicitud de licencia de obras no estaba terminado y la licencia no había sido concedida, lo que obligó al Ayuntamiento a ordenar la paralización de las obras.

La institución del Justicia solicitó al Ayuntamiento la documentación del caso, comprobando que la licencia de obras fue solicitada. La obra sí tenía un certificado de seguridad y salud.PARALIZACIÓN

El Justicia recibió, asimismo, la queja planteada por los vecinos afectados por la obra, con la correspondiente respuesta de la Alcaldía.

El Justicia sugiere que se paralicen las obras de forma inmediata y que el interesado presente en el Ayuntamiento la documentación necesaria para conseguir la licencia de obras, con el consiguiente presupuesto detallado.

El Justicia recuerda al Ayuntamiento que todos los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a las instituciones para exigir la observancia estricta de la ley y los planeamientos urbanísticos.

Asimismo, el defensor del pueblo aragonés señala que la respuesta del Ayuntamiento a los vecinos que plantearon su queja y el informe enviado por el Consistorio al Justiciazgo dando cuenta del conflicto "no pueden considerarse ajustados a Derecho".

El Ayuntamiento de Torralba de Ribota "debería haber comprobado" si el vecino tenía la licencia de obras y recuerda que la Administración local tiene una función inspectora en el caso de rehabilitación de viviendas.