Las investigaciones llevadas a cabo en el marco del caso Voltor, que indaga el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a empresarios próximos a Unió Mallorquina (UM), apuntan a la presunta ilegalidad de un expediente adjudicado a Campos por 1,8 millones, y que podría haber sido destinado "a calmar los ánimos" en el municipio tras la ruptura y posterior recomposición del Pacte en el Consell, a finales de 2009, y no aprobarse así la construcción del campo de golf de Son Baco.

En un oficio que consta dentro del sumario del caso, cuyo secreto fue levantado el pasado miércoles, la Policía Nacional alude a este convenio como la posible recompensa por no salir adelante la ejecución de esta infraestructura, y detalla además otros acuerdos rubricados con Ayuntamientos gobernados por UM. En el caso de Campos, el objeto del convenio era la red cicloturística de la localidad, y fue firmado pese a la "cierta tirantez" mostrada por los servicios jurídicos ante la posible irregularidad del expediente.

Mientras tanto, destaca los convenios suscritos con los Ayuntamientos de Alcúdia y Pollença, también gobernados por UM, el primero de ellos por 600.000 euros para la promoción del municipio, y el segundo por 5,5 millones para la construcción o adecuación de una sala polivalente.

Sin embargo, entre las concesiones realizadas, las pesquisas sitúan al empresario Jacinto Farrús como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, vinculan al empresario no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Govern.

Sin embargo, el escrito no sólo hace mención a Farrús -en libertad bajo fianza de 100.000 euros- sino que señala que un "altísimo porcentaje" de expedientes del organismo perteneciente a la Conselleria de Turismo han sido adjudicados desde hace más de dos años a personas pertenecientes a UM.

Así, entre estas concesiones destaca el expediente adjudicado al Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) por un millón de euros a principios de legislatura, cuando el presidente de este órgano era Miquel Àngel Flaquer -también imputado en el caso-.

Precisamente, sobre este aspecto fue interrogado en dependencias de la Jefatura Superior de Baleares el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, quien atribuyó al ex conseller de Turismo, Francesc Buils, el encargo para "vestir" esta contratación, así como el hecho de fijar en un millón de euros el contrato, adjudicado finalmente a la empresa Minser.

"Me lo dieron todo hecho", manifestó en sede policial, donde recordó que cuando cerró la negociación con esta empresa "ya sabía que sobraría dinero" porque la adjudicataria valoró el servicio a ofrecer -información turística con tecnologías avanzadas- en 750.000 euros.OLIVER,

"pieza fundamental en esta red de corrupción"

El oficio de la Policía concluye que en el marco de estas indagaciones "no se han observado todos los preceptos legales en vigor" mientras que las cantidades libradas presuntamente "no han sido destinadas a los fines lícitos establecidos sino más bien a la supuesta financiación de un partido político o enriquecimiento ilícito de particulares a través de un entramado de sociedades". Una presunta "red de corrupción" de la que es "pieza fundamental", según la Policía, el ex gerente del Inestur, Antoni Oliver.