Representantes de los comités de empresa de los cuatro centros de Bernardo Alfageme y de los sindicatos mantuvieron hoy en Vigo una reunión con el director del Igape, Joaquín Varela, en la que la Xunta les explicó que "ahora irá jurídicamente" para emplear los instrumentos necesarios para, de ser necesario, "pedir responsabilidades" a los propietarios de la conservera —la familia Lago— ante la posibilidad de que haya podido dar un mal uso a las ayudas públicas recibidas en los últimos años.

Así lo afirmaron fuentes sindicales a Europa Press, que explicaron que acudían al encuentro esperando "alguna noticia nueva" pero se encontraron con "más de lo mismo", puesto que la Xunta habló de "cuatro empresas interesadas" en comprar la conservera pero que son los Lago quienes "no aceptan las propuestas". En todo caso, recordaron que estas ofertas incluirían las plantas de Ribadumia y Vilaxoán, mientras que las de Vigo y O Grove cerrarían.

Además, explicaron que la Administración también está a la espera de que salga un auto del Juzgado de lo Mercantil de Vigo sobre el concurso de acreedores —la empresa presentó la solicitud corregida, puesto que la primera vez que presentó la documentación, esta fue rechazada por defectos de forma—.

En cuanto a las ayudas recibidas —la Xunta facilitó, mediante avales, financiación por valor de más de 44 millones de euros— fuentes sindicales destacaron que los servicios jurídicos de la Administración autonómica estudiarán la situación, ante la posibilidad de pedir "responsabilidades penales o patrimoniales, si las hubiere".

Los sindicatos recordaron que "nunca se hizo seguimiento", ni la anterior Xunta ni la actual, de las ayudas concedidas. XUNTA

Por su parte, en un comunicado, la Consellería de Economía, destacó que mantuvo y mantiene "una actitud siempre activa en torno a la crisis de Alfageme", en la búsqueda de salidas para el proyecto industrial y el mantenimiento del cuadro de personal.

Así, recordó que en los últimos tres años la conservera acumuló "importantes pérdidas" por causa de la "deficiente gestión empresarial", sin que la situación mejorase después de la concesión de avales por importe de 30 millones de euros.

El director xeral del Igape destacó además que la "actitud activa" del Gobierno gallego en la búsqueda de soluciones de viabilidad se va a mantener en todos los escenarios, haciéndola compatible con "todas las acciones administrativas y legales que sean precisas para defender a los trabajadores y los recursos públicos".

En el actual escenario, el Igape, siguiendo "instrucciones claras y precisas" del conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, afirmó estar investigando "en detalle" el destino de los préstamos bancarios garantizados en parte mediante los citados avales públicos y, en caso de detectarse un uso incorrecto de la financiación, "llevar a cabo las acciones y las denuncias que correspondan".

Plan de viabilidad

No obstante, la Xunta insistió en que mantiene su disposición de procurar mantener el apoyo al proyecto industrial de la compañía recogido en el plan de viabilidad consensuado, y que "podría desarrollarse si la propiedad actual diese entrada a un nuevo socio con la solvencia de gestión y financiera necesarias".

Así, recordó que se ha contactado con diferentes grupos empresariales e inversores, hasta localizar cuatro candidatos dispuestos a hacerse cargo de Alfageme, y con los que "se siguen manteniendo contactos" con el objetivo de lograr una salida que garantice la continuidad de la compañía.

Estas firmas y el Igape "comparten su preocupación por constatar las dificultades existentes para llegar a un acuerdo con la propiedad actual de Alfageme para facilitar el cambio en la propiedad y en la gestión", una condición "imprescindible" para que la Xunta mantenga el apoyo al plan industrial consensuado para dar viabilidad futura a la conservera. CONCENTRACIÓN

Durante la reunión de hoy, que se celebró en la sede de la Xunta en la ciudad olívica, aproximadamente un centenar de trabajadores de los centros de Vigo y Ribadumia permanecieron concentrados en el exterior del edificio.

En las cuatro plantas de la conservera, que atraviesa una grave situación económica, trabajan unas 350 personas, que están pendientes de cobrar dos sueldos y la mitad de una paga. Además, ninguna de las fábricas produce, debido a la falta de suministro.