Según informó la Subdelegación de Albacete en nota de prensa, la organización criminal estaba integrada por ciudadanos españoles e indios, mientras que los beneficiarios podían residir en España o en su país de origen. En todo caso, por medio de este trámite, obtenían los preceptivos visados para residir legalmente en España.

La actuación policial conjunta se ha saldado con cuatro detenidos —uno en Albacete, dos en Valencia y el cuarto en Alicante— acusados de múltiples delitos de estafa, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores y contra la Administración de Justicia.

La investigación se inició en Albacete cuando un ciudadano indio denunció que dos compatriotas le habían ofrecido la posibilidad de regularizar su situación administrativa contrayendo matrimonio con una española a cambio de 14.000 euros, propuesta a la que accedió, aunque finalmente la boda no llegó a celebrarse.

El interesado se trasladó desde Austria hasta España, pagando en varios plazos hasta un total de 10.000 euros a los responsables de la organización. Ya en Albacete, conoció a la ciudadana española con la debía contraer matrimonio y realizaron todos los trámites para que el enlace se produjera, aunque finalmente la boda no se celebró.

En el transcurso de la investigación policial fueron localizadas otras víctimas residentes en Albacete y en el territorio nacional. En concreto, una de ellas declaraba haber pagado a los responsables de la red criminal la cantidad de 30.000 euros, para un matrimonio con otra española que llegó a formalizarse en la India, país al que los responsables de la organización trasladaron hasta en dos ocasiones y con el que el interesado dio el primer paso para obtener la condición de familiar comunitario y así residir legalmente en España.

Ya en España, los responsables de la red criminal le proporcionaron alojamiento junto a otros compatriotas en viviendas de Albacete y Valencia, donde le retuvieron su pasaporte y explotaron laboralmente, ya que la misma organización controlaba a gran número de compatriotas que se trasladaban al campo para realizar faenas agrícolas en la recogida de la naranja, con la promesa de percibir un salario que finalmente no se llegó a abonar.

Las víctimas sufrían además todo tipo de coacciones y malos tratos por parte de sus explotadores, que pretendían evitar que pudieran llegar a denunciar los abusos.