Los trabajadores del centro de Vigo de la conservera Bernardo Alfageme han anunciado hoy que presentarán una demanda penal contra los propietarios de la compañía —la familia Lago, que también es propietaria de la promotora inmobiliaria Promalar— al considerar que "hay pruebas de que no han actuado legalmente con las ayudas" que han recibido de la Xunta y que hay una "malversación" ya que "no se utilizaron bien los recursos" otorgados por la Administración.

Así lo afirmó hoy el responsable de CIG-Alimentación, Xosé Fernández Piñeiro, en una rueda de prensa en la que participaron responsables de UGT y a la que acudió la plantilla del centro de Vigo. Piñeiro explicó que el Gobierno gallego —mediante avales— facilitó que la empresa tuviese financiación por valor de más de 44 millones de euros, al tiempo que explicó que en los tres años que llevan los Lago al frente de la conservera, a nóminas de la plantilla corresponderían 24 millones de euros —8 millones anuales—.

Piñeiro explicó que "el desfase es enorme" y que, en los últimos años hubo contrataciones "en materia de asesoramiento foráneo" y que, en dirigentes "contratados por Promalar e indemnizaciones", se han gastado "varios millones de euros".

En cuanto al concurso de acreedores, que la compañía presentó a finales de marzo pero que no fue aceptado por contener defectos de forma que deberán ser subsanados, explicó que "no se tendrá noticia" de si el Juzgado Mercantil lo acepta hasta finales de semana o principios de la siguiente. En ese sentido, explicó que, si se entra en proceso concursal —algo que vio probable— se actuará para conseguir indemnizaciones dignas para los trabajadores.

Oferta de orbe

Asimismo, el representante de la CIG reveló que existe una oferta —desde hace unos tres meses— de la conservera Orbe, que ha propuesto quedarse con las plantas de Alfageme en Ribadumia y Vilaxoán —manteniendo la actividad industrial en ambas— y lo que supondría empleo para unas 200 personas, del total de 350 que tiene el grupo. Así, esta propuesta no incluiría los centros de Vigo y O Grove, sobre los que los trabajadores estiman que cerrarán.

Además, según esa oferta, Orbe también se quedaría con la marca —Alfageme tiene las marcas Miau, Eureka y Peña—.

En este sentido, Fernández Piñeiro denunció que "eso se fue al garete por la Administración". "Primero, porque no le dieron importancia, segundo, porque lo ningunearon y tercero, porque cuando quisieron hacer algo esto estaba ya absolutamente deteriorado", añadió.

Piñeiro afirmó que esta oferta sería positiva, porque permitiría salvar unos 200 empleos y porque además, en el caso de la planta de Vigo, "la dejaba con una perspectiva de indemnización mayor".

En cuanto a la marca —Miau es la más importante de las tres de Alfageme—, advirtió de que "o va en beneficio de los trabajadores, o de un conservero con el compromiso de recuperar los puestos de trabajo", manifestando su rechazo a que la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco) se quede con ella. MOVILIZACIÓN

Los trabajadores de las plantas de Vigo y Ribadumia se concentrarán mañana ante la Consellería de Economía e Industria en Santiago, para, según explicó Piñeiro, denunciar la "actitud e inactividad" de la Xunta ante su situación. Así, afirmó que es "incomprensible que no haya sido capaz" de encontrar a un comprador para apartar a los Lago.

El representante de Alimentación de la UGT, Ignacio Couñago, advirtió además de que, a partir del miércoles, se programarán más movilizaciones, y que serán "más duras". También denunció que la empresa ha dado orden de que no se pague, a partir de este mes, ni la luz ni el agua en la planta de Vigo —esta planta no tiene actividad productiva desde el pasado diciembre—.

Finalmente, los trabajadores —a quienes se les deben dos meses y medio de salarios—también solicitarán al Ayuntamiento que ejecute la retirada de las plusvalías de 26 millones de euros de los terrenos de la factoría de Vigo —al no haberse cumplido el compromiso de trasladar la actual planta a otro punto dentro del área de influencia de la ciudad—, puesto que existe un compromiso del pleno municipal en ese sentido.