La Asociación mandó un escrito al Defensor del Pueblo en el que asegura que la decisión del Ayuntamiento de San Javier de limitar la apertura a dos veces al día -a las 10.00 y 19.00 horas- supone "un problema de seguridad marítima y de riesgo para la vida humana en el Mar Menor".

En el escrito se culpa a la alcaldesa de San Javier, Pepa García, de tomar la decisión de dejar de levantar el puente levadizo del Estacio.

La alcaldesa reconoció en su momento que su localidad no podía hacerse cargo del nuevo contrato anual de gestión del puente, que rondaría los 230.000 euros anuales, casi el doble de lo que se pagaba actualmente.

El puente del Estacio es una infraestructura que se abre para que pasen por debajo los barcos de vela, mientras que por encima discurre una carretera local de San Javier.

El puente fue financiado por la Comunidad Autónoma y después se firmó un convenio por el que el Ayuntamiento San Javier se encargaba del mantenimiento y conservación del mismo. No obstante, el Consistorio marmenorense también se hacía cargo de pagar la gestión.

El contrato con esta adjudicataria caducó a final de verano y cuando hubo que renovarlo la empresa pidió casi el doble de lo que se venía pagando hasta el momento, justificándose en que la infraestructura es más antigua y los costes de mantenimiento y gestión se han encarecido mucho.

A la alcaldesa no le parece "justo" que los vecinos de San Javier sean los únicos que costeen el tráfico marítimo de todo el Mar Menor.

El colectivo no entiende esta postura y considera esta decisión "temeraria, arbitraria e injusta", ya que "bloquea en el Mar Menor a miles de embarcaciones de vela, impidiendo asimismo el acceso a los diez puertos del mar interior".

A esto hay que sumar los perjuicios para sectores económicos vinculados al puerto como las estaciones de servicio, astilleros, talleres de reparaciones, establecimientos hoteleros o restaurantes, entre otros.