La Fiscalía ha retirado hoy la acusación contra el ex interventor del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), Enrique Orts, por presuntos delitos de fraude ilegal de caudales públicos y falsedad en documento público, además de como supuesto cooperador necesario de prevaricación en el denominado 'Caso Grúas Barrios'.

El representante del Ministerio Público solicitó, así, el archivo de la causa respecto a Orts durante el juicio celebrado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, aunque mantiene su petición de 5 años de cárcel para el ex concejal de Hacienda de Telde Antonio Santana y el funcionario Jesús Santana por presuntos delitos de fraude ilegal de caudales públicos, en concurso ideal con un delito de prevaricación y falsedad en documento público, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Asimismo, la Fiscalía aumentó de 6 a 8 años su solicitud de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex edil y el funcionario en el marco del denominado caso 'Grúas Barrios', relacionado con supuestas irregularidades de la institución local durante el mandato de 2002 por abonar una factura a una empresa de grúas, que reclamó el pago por retirar 264 vehículos "sin haber realizado dicho servicio".

De este modo, la Sala dictará sentencia absolutoria para el ex interventor municipal, imputado en el 'Caso Faycán' y marido de la principal imputada y ex edil de Obras Públicas, María Antonia Torres, que falleció el pasado 25 de marzo.

Orts explicó que no participó en el procedimiento de aprobación de dicha factura, tarea que realizó la interventora delegada, quien, en su declaración como testigo, manifestó que dicho abono le pareció "correcto".

La Fiscalía señala que los acusados actuaron de común acuerdo en el ejercicio de sus cargos en el Ayuntamiento de Telde en 2002 con Basilio Barrios —fallecido el 23 de abril de 2004— como administrador único de Grúas Barrios SL.

De este modo, dicha empresa se encargaba del servicio municipal de grúa para la retirada de vehículos y el Consistorio "no le debía abonar cantidad alguna por dicha prestación".

Una factura de 6.336 EUROS

Sin embargo, según el Ministerio Público, Barrios, presuntamente "a sabiendas y con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito", giró una factura al Ayuntamiento de Telde por importe de 6.336 euros, más IGIC, por la retirada de 264 vehículos sin haber realizado este servicio.

Una vez presentada en el Ayuntamiento dicha factura el acusado José Santana Marrero, como funcionario de la institución local, "a sabiendas que no se había prestado tal actividad firmó una certificación de relación de vehículos retirados que se acompañaban en la factura", estima la Fiscalía.

Dicha factura fue intervenida por el área de Intervención del Consistorio que realizó la propuesta de pago de 6.652 euros el 16 de octubre de 2002.

El fiscal entiende que el otro acusado, Antonio Santana (Nueva Canarias), entonces concejal de Hacienda, Régimen Interior y Nuevas Tecnologías, actuó también "a sabiendas de su ilegalidad por tener conocimiento de que no se había realizado dicha prestación".

Así, "en aras de beneficiar ilícitamente a Basilio Barrios con caudales del Ayuntamiento de Telde", el edil dictó un decreto el 16 de octubre de 2002 aprobando el gasto por un importe de 6.652 euros y ordenó su pago al proveedor Grúas Barrios SL.

De este modo, consiguió que la empresa cobrara por dicho servicio del Ayuntamiento de Telde la cantidad de 5.636,77 euros por orden de transferencia bancaria de fecha 3 de diciembre de 2002.

Insisten en que los coches sí fueron retirados

Sin embargo, el ex edil de Hacienda alegó que se llevó a cabo el pago de la factura en tanto que estaba "avalada" por el jefe de servicio.

Tanto el ex concejal Antonio Santana como el funcionario Jesús Santana insistieron en que los vehículos sí fueron retirados. En los mismos términos se expresaron agentes de la Policía Local, presidentes de las asociaciones de vecinos y chóferes de las grúas que comparecieron como testigos.

Igualmente, Jesús Santana planteó que en la factura consta la firma del jefe de servicio, que "debió comprobar el trabajo realizado por la empresa", y no la suya.

Al término del juicio, que quedó visto para sentencia, la Fiscalía mantuvo su petición de 5 años de prisión y elevó a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el ex concejal de Hacienda y para el funcionario, mientras que los letrados de la defensa solicitaron la libre absolución para sus clientes.