La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias las bases por las que se regulan las ayudas a partos múltiples, siendo su principal novedad la ampliación de estas ayudas a partos de mellizos o gemelos o más hijos.

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, explicó en un comunicado que "se han modificado los criterios de concesión de estas ayudas, que se otorgan desde 2002, con el fin de ampliar el abanico de familias beneficiarias, facilitando el acceso a las mismas a las familias que tengan un parto múltiple de dos hijos o más".

"El objetivo no es otro que dar la posibilidad a las familias, especialmente, a aquellas que pueden estar padeciendo de forma más grave las consecuencias de la actual situación económica, de tal forma que cuenten con una ayuda económica que les permita paliar el impacto que supone el nacimiento de dos o más hijos", indicó Rojas.

Añadió que "por este motivo, se ha efectuado la modificación de la Orden con el fin de llegar a un mayor número de familias que se puedan beneficiar de esta ayuda, reduciendo, además, el umbral de renta en la unidad familiar".

"Se trata, en definitiva, de lograr que la ayuda sea lo más solidaria posible con las familias que peor situación económica tengan en estos momentos", apostilló la consejera.

Renta no superior a 8.414 EUROS

A estas ayudas, de las que ya se han beneficiado un total de 326 familias desde su puesta en marcha en 2002, 71 de ellas el pasado año, podrán acceder las familias cuya renta per cápita anual no sea superior a los 8.414,16 euros.

En cuanto a la cantidad de las ayudas, se amplían hasta que los menores cumplan los diez años, siendo la misma por un importe máximo por hijo nacido de 1.200,02 euros al año.

Además, se contempla un incremento en 601,01 euros por cada uno de los menores nacidos en parto múltiple que tengan una minusvalía con un porcentaje igual o superior al 33 por ciento, acreditada bien mediante certificado del órgano administrativo competente para ello, o bien mediante declaración de incapacidad judicial.